Hoy se ha aprobado el informe “Pandemia de COVID-19: enseñanzas extraídas y recomendaciones para el futuro”, por parte del Parlamento europeo. Una guía europea que incluye varias recomendaciones cruciales sobre las residencias, algunas de las cuales han sido impulsadas desde Marea de Residencias. Estas
recomendaciones implican cambios profundos en el sistema de residencias, destacando a continuación los puntos que de una u otra forma pueden tener repercusiones positivas en los Centros sociosanitarios.
● Subraya que, mientras que la atención se centraba únicamente en preservar la capacidad hospitalaria, las residencias de ancianos adolecían de falta de equipos de protección, material, personal y conocimientos especializados para luchar contra la pandemia.
● Pide a los Estados miembros que inviertan más en la atención primaria y la integración de los aspectos sociosanitarios, incluso haciendo pleno uso del programa EU4Health.
● Llama a la organización de los sistemas de salud con el fin de prevenir el colapso de los hospitales y servicios de emergencia, especialmente en tiempos de crisis.
● Observa que, al principio de la pandemia, los sistemas y servicios sanitarios de muchos Estados miembros no estaban preparados para hacer frente a la magnitud de una crisis de este tipo.
● Subraya que la pandemia de COVID-19 repercutió en el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular en los derechos de determinados grupos, como las personas de edad avanzada, los niños, las mujeres y los jóvenes, y tuvo un efecto especialmente adverso en grupos ya marginados, incluidos, entre otros, las personas con discapacidad, los migrantes, las personas que se enfrentan al racismo, las personas socialmente desfavorecidas y las personas LGTBQIA+; subraya que la confianza en las autoridades e instituciones públicas y en la ciencia aplicada en la toma de decisiones de las instituciones públicas es indispensable para dar una respuesta eficaz a las pandemias y es inalcanzable sin transparencia y sin una comunicación basada en pruebas científicas acordes con los datos disponibles en cada momento, transmitidas de forma transparente y comprensible para el público en general;
● Pide a los Estados miembros que pongan fin a las prácticas de triaje discriminatorias, en particular las que utilizan la edad, las condiciones médicas preexistentes y la calidad de vida como criterio único, y que mejoren el acceso de las personas con discapacidad a la asistencia sanitaria mediante la orientación y la formación; recomienda que, en situaciones en las que los profesionales sanitarios no puedan prestar el mismo nivel de asistencia a todas las personas, las directrices médicas no sean discriminatorias y sigan el Derecho internacional
● … observa con preocupación el elevado número de víctimas mortales entre las personas con discapacidad que se encontraban en instituciones.
● Observa que las consecuencias del brote de la pandemia de COVID-19 afectaron de manera desproporcionada a ancianos.
● Recuerda las trágicas repercusiones del COVID-19 en los centros residenciales de larga duración en Europa, ya que en algunos Estados miembros más del 50 % de las muertes relacionadas con el COVID se produjeron en residencias de ancianos; observa con preocupación que los pacientes de residencias de ancianos fueron excluidos de los cuidados durante los momentos álgidos de la pandemia, lo que dio lugar a unas tasas de mortalidad alarmantes entre las personas de edad avanzada; observa que las muertes entre las personas de edad avanzada representaron una gran parte de las víctimas mortales del COVID-19 y recuerda la dramática situación sufrida por muchas de ellas en residencias de ancianos y centros de cuidados de larga duración como consecuencia de los retrasos y obstáculos a su tratamiento y cuidados;
● Observa que la pandemia ha puesto de manifiesto las deficiencias en la preparación de las residencias de ancianos y los centros de cuidados de larga duración para las emergencias de salud pública; señala que muchas residencias de ancianos y centros de cuidados de larga duración se enfrentaron a la escasez de EPI, suministros para pruebas y personal durante la pandemia; pide a la UE y a los Estados miembros que garanticen que las residencias de ancianos y sus residentes tengan acceso a la asistencia sanitaria, incluidas las derivaciones médicas, los equipos de protección, los materiales, el personal y los conocimientos necesarios para responder a la pandemia; recomienda ampliar las inspecciones periódicas mediante un sistema de auditorías externas e independientes y establecer sistemas especiales de inspección en las residencias de ancianos durante los periodos de aislamiento;
● Recomienda a la UE y a los Estados miembros que garanticen la integración del derecho a los cuidados de larga duración en sus sistemas de protección social y que inviertan en un plan de salud y asistencia para satisfacer las necesidades de la creciente población de edad avanzada, incluidas las
residencias, de una manera socialmente justa;
● Pide que cada centro de atención a personas mayores y otros centros sanitarios y sociales disponga de un plan de contingencias específicamente adaptado a su caso y situación en el que se describan y revisen de forma sistemática y programada, con la creación de un equipo de gestión de emergencias y brotes infecciosos, formado tanto por profesionales sanitarios como por personal del propio centro
● Pide iniciativas legislativas propias en virtud del artículo 225 del TFUE para aumentar la competencia de la UE en materia de salud, mejorar su autonomía estratégica abierta, mejorar la resistencia y la calidad de los sistemas y servicios sanitarios