Chequeando la independencia de Fundación Maldita: un modelo financiado por subvenciones, redes supranacionales y filantropía política

Qué es Maldita y por qué su posición genera controversia.

La Fundación Maldita se ha consolidado en los últimos años como uno de los actores más visibles en el ámbito de la verificación de información en España. Su crecimiento ha sido rápido y sostenido, acompañado de alianzas institucionales y presencia en redes internacionales. Ese recorrido, sin embargo, no está exento de debate. A medida que su influencia ha aumentado, también lo han hecho las preguntas sobre su papel real dentro del ecosistema informativo.

El origen del proyecto se remonta a 2014, con el nacimiento de Maldita Hemeroteca. La iniciativa, impulsada por Clara Jiménez Cruz, surgió en el entorno televisivo de El Objetivo, en La Sexta, una cadena habitualmente situada en el espacio progresista por buena parte del debate público. Su planteamiento era recuperar declaraciones pasadas de responsables públicos y contrastarlas con sus posiciones actuales. Volver a la fuente, comparar y señalar contradicciones. Esa lógica conectó con una audiencia cada vez más escéptica, en un momento en el que la confianza en la política y en los medios tradicionales empezaba a erosionarse.

Con el paso del tiempo, el proyecto fue ampliando su alcance. A la hemeroteca se sumaron iniciativas como Maldito Bulo o Maldita Ciencia, que buscaban responder a la proliferación de contenidos virales y desinformación en ámbitos cada vez más complejos. El cambio en los hábitos de consumo informativo —con redes sociales convertidas en canal principal— aceleró esa evolución. Episodios como el Brexit o la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca marcaron un punto de inflexión donde la verificación dejó de ser una herramienta complementaria para convertirse en un elemento central del debate público.

Ese crecimiento desembocó en su transformación en fundación. Desde entonces, Maldita no se define únicamente como un medio digital. Su actividad combina periodismo, formación, desarrollo tecnológico y participación en iniciativas vinculadas a políticas públicas. Su propio discurso apunta a un objetivo más amplio que no solo consiste en verificar contenidos, sino contribuir a lo que se denomina un “ecosistema de integridad informativa”.

Es precisamente ahí donde se sitúa el núcleo de la controversia. La Fundación Maldita no actúa de forma aislada. Mantiene acuerdos con plataformas digitales, colabora con instituciones públicas y forma parte de redes internacionales como la International Fact-Checking Network, vinculada al Poynter Institute. Además, participa en proyectos financiados por organismos europeos y entidades privadas, lo que le permite ampliar su estructura y su capacidad tecnológica. Analizar su actividad sin tener en cuenta este entramado ofrecería una visión incompleta de su papel.

Noam Chomsky

“Los medios no te dicen qué pensar, pero sí sobre qué pensar.”

Las críticas no se centran tanto en su origen como en su evolución. Algunas voces sostienen que la consolidación de este tipo de organizaciones responde, en parte, a la necesidad de los Estados y de las grandes plataformas de gestionar el flujo de información en entornos digitales cada vez más inestables. En teoría, los marcos constitucionales garantizan la libertad de expresión. En la práctica, la moderación de contenidos —regida por normas internas de las plataformas— y la ambigüedad de conceptos como “desinformación” o “discurso de odio” abren espacios de interpretación que no siempre resultan transparentes. En ese contexto, las agencias de verificación ocupan una posición delicada. No son organismos públicos, pero participan en dinámicas que influyen directamente en qué contenidos se visibilizan y cuáles quedan relegados.

Nada de esto implica, por sí mismo, falta de independencia. La propia fundación insiste en que sus acuerdos están diseñados para preservar su autonomía editorial. Sin embargo, el debate ya no gira únicamente en torno a la veracidad de un artículo concreto. Se desplaza hacia cómo se configuran los incentivos en un sistema donde verificar no solo significa informar, sino también influir en plataformas, normas y criterios de visibilidad. Sería ingenuo no plantearse hasta qué punto los incentivos de quienes financian, regulan o certifican pueden influir en el marco en el que se ejerce esa actividad, aunque no exista una instrucción directa.

En ese punto, hay un elemento que rara vez se aborda en profundidad. Buena parte de los estudios sobre desinformación describen el funcionamiento de estas organizaciones, pero dedican menos atención a su financiación y a su encaje dentro de un marco más amplio de regulación. Entender quién financia, cómo se estructuran los proyectos y qué objetivos persiguen resulta clave para interpretar su papel real. No es una cuestión ideológica, sino metodológica.

En última instancia, Maldita no es solo un proyecto periodístico que evalúa información. Es también un actor que contribuye a definir qué se considera información fiable dentro de un sistema donde las plataformas digitales deciden, cada vez más, qué se amplifica y qué se diluye.

La cuenta de resultados: una estructura sostenida por subvenciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las cuentas anuales de la Fundación

Nota: Según las notas de la memoria, en el ejercicio 2024, los ingresos de la actividad mercantil (959.973,75), correspondieron en un 58% a los servicios de verificación de Facebook ( ahora META)

En 2022, la fundación declaró 1,37 millones de euros en ingresos de explotación ( actividad propia y mercantil). De esa cifra, 624.939 euros correspondían a subvenciones imputadas al resultado. Un año después, en 2023, los ingresos ascendieron a 1,62 millones, con 753.944 euros procedentes de este mismo concepto. El cambio de escala llega en 2024: los ingresos de explotación se sitúan en 3,09 millones de euros, de los cuales 2,07 millones tienen origen en financiación subvencionada. A estas cifras habría que sumar, además, los proyectos en los que participa la entidad y que, aun no reflejándose íntegramente como ingresos directos, amplían su capacidad operativa.

El dato relevante no es solo el crecimiento, sino cómo se compone. A medida que aumentan los ingresos totales, también lo hace el peso de las subvenciones dentro del conjunto. En 2022 representaban aproximadamente el 45,7% de los ingresos de explotación; en 2023, el 46,4%; y en 2024 alcanzan en torno al 67%. Es decir, en el último ejercicio analizado, cerca de dos de cada tres euros que sostienen la actividad de la fundación proceden de financiación de carácter subvencionado, sin considerar los apoyos indirectos por los proyectos en los que participa.

Por sí solo, este esquema no implica ninguna irregularidad. Es, de hecho, un patrón frecuente en fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. Pero sí permite identificar con bastante precisión el tipo de estructura económica que sostiene el proyecto. No se trata de un modelo basado en cuotas de socios o en pequeñas aportaciones distribuidas, sino en financiación significativa procedente de programas institucionales y entidades de mayor tamaño, así como colaboración con grandes multinacionales.

Es en este punto donde la interpretación deja de ser puramente contable. Un medio que depende de sus lectores o de la publicidad se mueve en un entorno competitivo, donde la audiencia determina, en gran medida, su viabilidad. Sin embargo, cuando el crecimiento descansa principalmente en subvenciones o programas financiados por instituciones, la lógica cambia. La sostenibilidad no depende tanto del mercado como de la capacidad de acceder y mantenerse dentro de determinadas líneas de financiación, que responden a prioridades políticas, regulatorias o estratégicas.

Esto no invalida el trabajo de la fundación ni permite extraer conclusiones automáticas sobre su independencia editorial. Pero sí introduce la cuestión de cómo influye ese marco de financiación en la orientación de los proyectos, en la asignación de recursos y en los temas que, con el tiempo, terminan ocupando un lugar central dentro de su actividad.

Cuánto dinero llega por subvenciones y qué revela su desglose.

Cuando se baja al detalle de quién aporta el dinero, la imagen se aclara bastante. La financiación no está tan dispersa como podría parecer a primera vista. Existe diversidad, sí, pero no es una dispersión irrelevante. Hay concentración.

En 2022, los cinco principales concedentes explicaban aproximadamente el 75% de las subvenciones imputadas ese año. En 2023, ese peso baja, pero sigue siendo significativo: en torno al 55%. Y en 2024 vuelve a estabilizarse cerca del 57%. Es decir, hay varios financiadores, pero una parte sustancial del soporte económico descansa en un grupo relativamente reducido.

Si se mira el último ejercicio con algo más de detenimiento, aparecen nombres que no son menores. Entre los principales financiadores figuran organismos vinculados a la Comisión Europea y otras estructuras comunitarias, junto a fundaciones como Calouste Gulbenkian Foundation, Open Society Foundations o la National Endowment for Democracy. También aparecen entidades del propio ecosistema de verificación, como la International Fact-Checking Network del Poynter Institute, además de organizaciones como Internews Network o la European Climate Foundation. El listado, en conjunto, dibuja un mapa bastante reconocible.

A partir de ahí, la interpretación cambia ligeramente. Maldita no encaja del todo en la imagen clásica de una fundación periodística que recibe ayudas puntuales para sostener su actividad. Su crecimiento reciente parece apoyarse en una estructura más amplia, donde confluyen instituciones europeas, fundaciones internacionales y organizaciones que operan dentro de lo que podríamos llamar, con cierta cautela, el ecosistema global de la gobernanza informativa.

Y ahí es donde empieza el verdadero debate. No se trata de cuestionar si recibir subvenciones es legítimo. Lo es, y además es habitual en este tipo de entidades. La cuestión es qué tipo de dependencia genera ese modelo y cómo puede influir, aunque sea de forma indirecta, en las prioridades del proyecto.

Quién financia a Maldita y qué agendas representa cada financiador.

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas de la Fundación de los ejercicios 2023,2024 y 2025.

Nota: De acuerdo a las normas contables,  la concesión de una subvención no tiene necesariamente que imputarse al resultado al periodo de la recepción, sino cuando se prestan los servicios,  por lo que los importes no tienen que ser coincidentes.

Ingresos en 2025

• Servicios tecnológicos: 13,43%
• Maldita educa: 5,23%
• Concursos públicos y Subvenciones: 28,5%
• Filantropía, becas y premios: 25,51%
• Alianza tecnológica: 19,73%
• Investigación y consultoría: 3,82%
• Proyectos: 2,12%

Fuente: elaboración propia a partir de la página web de Maldita.

Al respecto de la información ofrecida por Maldita en su página web, consideramos que puede ser adecuada en cuanto al desglose y partidas, pero no suficiente en cuanto al detalle de importes con terceros. Se presenta un buen desglose y gráficos que pueden ser útiles, pero escasa información detallada por organización. Para una mejor comprensión es necesario ir a la memoria de las cuentas anuales. Es una limitación evidente, porque conceptos como, por ejemplo, «servicios tecnológicos», en nuestra opinión, no indica el prestador con el detalle que consideramos adecuado según los principios del IFCN. Aportar un gráfico interactivo no lo consideramos suficiente.

Las Malditas Cuentas: de dónde vienen y a dónde van nuestros ingresos – Noticias

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/application/public/maldita.es/661a8b0cba7689d481425e0a

Comisión Europea y estructuras vinculadas a la UE

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas de la Fundación de los ejercicios 2023,2024 y 2025.

La relación entre la Fundación Maldita y distintas estructuras europeas no puede entenderse solo en términos contables. Forma parte de un marco más amplio en el que la Unión Europea ha decidido intervenir activamente en el ecosistema informativo digital.

En los últimos años, la Comisión Europea ha impulsado programas de financiación orientados a combatir la desinformación, promover la alfabetización mediática y reforzar lo que denomina “integridad informativa”. En ese contexto, organizaciones como Maldita participan en proyectos que combinan periodismo, tecnología y formación, y que buscan influir —directa o indirectamente— en cómo circula la información en internet.

El proyecto, según distintas referencias institucionales, se centra en reforzar la resiliencia informativa en países como Georgia, una región considerada estratégica por Bruselas en el actual contexto geopolítico. Su objetivo declarado es hacer frente a campañas de desinformación y comportamientos coordinados en el ámbito digital, combinando análisis, formación y desarrollo de herramientas.

El punto de inflexión regulatorio llega con la aprobación de la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act), una norma que establece nuevas obligaciones para las grandes plataformas tecnológicas en materia de moderación de contenidos, transparencia algorítmica y gestión de riesgos sistémicos. Bajo este marco, empresas como Meta, Google o X (Twitter) deben implementar mecanismos más estrictos para limitar la difusión de contenidos considerados dañinos, entre ellos la desinformación.

Aunque la ley no delega formalmente la censura en entidades externas, en la práctica sí refuerza un ecosistema en el que organizaciones de fact-checking —muchas de ellas integradas en redes internacionales y financiadas en parte por fondos públicos— se convierten en referencias para la identificación de contenidos problemáticos. Las plataformas, presionadas por el riesgo de sanciones, tienden a apoyarse en estos actores para cumplir con las exigencias regulatorias.

Esto ha generado un debate creciente en Europa. Por un lado, las instituciones defienden que estas medidas son necesarias para proteger procesos democráticos, evitar campañas de manipulación y reducir la viralidad de bulos que pueden tener consecuencias reales. Por otro, críticos de distintos ámbitos —académicos, jurídicos y mediáticos— advierten del riesgo de consolidar un modelo donde la línea entre moderación y censura se vuelve difusa.

El núcleo de la controversia no está tanto en la existencia de normas, sino en quién participa en su aplicación efectiva. Cuando una organización como Maldita recibe financiación de programas europeos y, al mismo tiempo, colabora en iniciativas que alimentan ese mismo marco regulatorio —aportando datos, herramientas o criterios— se configura una relación que algunos analistas califican de “circular”. No implica subordinación directa, pero sí una convergencia de intereses en el que la UE define prioridades, financia proyectos alineados con ellas y, a su vez, se apoya en los resultados de esos proyectos para reforzar sus políticas.

Desde el punto de vista institucional, esto es coherente. Desde el punto de vista crítico, abre preguntas. Porque la Unión Europea no es un actor neutro en el sentido clásico. Tiene una agenda política legítima —centrada en la gobernanza digital, la resiliencia democrática o la regulación de plataformas— y financia iniciativas que encajan en ese marco. Para acceder a esos fondos, las organizaciones deben formular proyectos compatibles con esas prioridades. Y para mantenerlos en el tiempo, resulta lógico que continúen operando dentro de ese mismo perímetro. No se trata de cuestionar automáticamente la independencia de quienes participan en estos programas. Pero sí de reconocer que el entorno en el que operan no es neutral.

En paralelo, la aplicación de la Ley de Servicios Digitales empieza a mostrar sus efectos. Algunas plataformas han intensificado la eliminación o limitación de contenidos, mientras que usuarios y creadores denuncian decisiones opacas o difíciles de recurrir. Casos concretos de desmonetización, reducción de alcance o retirada de publicaciones alimentan la percepción —extendida en determinados sectores— de que se está configurando un sistema de control informativo más sofisticado que el de etapas anteriores.

La Comisión Europea rechaza esta interpretación y sostiene que la norma busca precisamente lo contrario: aumentar la transparencia y garantizar derechos. Sin embargo, la tensión entre seguridad informativa y libertad de expresión sigue abierta.

Destacamos que entre las subvenciones  aparece una referencia como “SAFIMI – European Commission”. Aquí no se está hablando de una institución independiente, sino de un proyecto específico financiado por la Unión Europea. En este caso, responde a un programa orientado a combatir la manipulación informativa extranjera, lo que en la terminología comunitaria se conoce como FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference). El proyecto, según distintas referencias institucionales, se centra en reforzar la resiliencia informativa en países como Georgia, una región considerada estratégica por Bruselas en el actual contexto geopolítico. Su objetivo declarado es hacer frente a campañas de desinformación y comportamientos coordinados en el ámbito digital, combinando análisis, formación y desarrollo de herramientas. Este tipo de proyectos introduce un matiz relevante en el debate sobre la independencia. No se trata únicamente de quién financia, sino de bajo qué marco, con qué finalidad y dentro de qué estrategia.

Por otra parte, al analizar la ficha de Maldita en la base de datos de transparencia europea LobbyFacts, se recoge de forma explícita el ámbito de interés en el que la organización centra su actividad. Según esa información, declara su implicación en todas aquellas propuestas y políticas relacionadas con la lucha contra la desinformación en el espacio público, incluyendo cuestiones como la regulación de la libertad de expresión y las responsabilidades en el entorno digital, la alfabetización mediática, las campañas de influencia organizadas o la supervisión de contenidos considerados dañinos en redes y otros canales de comunicación.

En la misma ficha, la organización detalla también las principales iniciativas legislativas y políticas de la Unión Europea que siguen de cerca. Entre ellas menciona el denominado Escudo de la Democracia y la futura Digital Fairness Act, así como la aplicación de marcos ya aprobados como la European Media Freedom Act, la AI Act, la Digital Services Act, la Digital Markets Act o el European Democracy Action Plan.

• Escudo de la Democracia (European Democracy Shield)

Es una propuesta aún en desarrollo impulsada por la Comisión Europea para reforzar la defensa frente a injerencias externas, especialmente en procesos electorales. Su objetivo es coordinar herramientas contra la desinformación, la manipulación informativa extranjera (FIMI) y las amenazas híbridas. En la práctica, busca centralizar capacidades de vigilancia, análisis y respuesta ante campañas de influencia.

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• Digital Fairness Act

Se trata de una futura normativa orientada a reforzar la protección del consumidor en el entorno digital. Pone el foco en prácticas como los “dark patterns” (diseños que manipulan decisiones), la publicidad personalizada o el uso de datos. Aunque no está centrada exclusivamente en medios, sí afecta al ecosistema digital en el que circula la información.

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• European Media Freedom Act (EMFA)

Esta ley pretende garantizar la independencia de los medios dentro de la UE. Incluye medidas para proteger a los periodistas, limitar la interferencia política en los medios públicos y aumentar la transparencia sobre la propiedad y financiación. También introduce mecanismos de supervisión a nivel europeo.

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• AI Act (Ley de Inteligencia Artificial)

Es la primera gran regulación integral sobre inteligencia artificial en la UE. Clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y establece obligaciones más estrictas para los considerados de alto impacto, como los relacionados con información, reconocimiento facial o toma de decisiones automatizadas.

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• Digital Services Act (DSA)

Regula el funcionamiento de plataformas digitales como redes sociales o marketplaces. Obliga a las grandes plataformas a gestionar contenidos ilegales, aumentar la transparencia de sus algoritmos y reducir riesgos sistémicos, entre ellos la desinformación. Es una de las piezas clave del control del entorno digital.

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• Digital Markets Act (DMA)

Complementa al DSA y se centra en limitar el poder de las grandes tecnológicas (los llamados “gatekeepers”). Busca garantizar la competencia, evitando prácticas abusivas y obligando a abrir ciertos servicios y datos a terceros.

Como representante de Maldita en labores de lobby figura Carlos Félix Hernández-Echevarría Monge, director adjunto y coordinador de políticas públicas, cuya acreditación aparece registrada en tres ocasiones. Según información pública, desarrolló previamente su carrera en La Sexta, donde fue subdirector del programa Más Vale Tarde.

En ese escenario, actores como Maldita ocupan una posición delicada. Son, al mismo tiempo, proveedores de información, beneficiarios de financiación pública y piezas dentro de un engranaje regulatorio en construcción.

National Endowment for Democracy (NED)

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas de la Fundación de los ejercicios 2023,2024 y 2025.

La NED fue creada en 1983, en plena Guerra Fría, con el objetivo de impulsar lo que Washington denominaba “promoción de la democracia” en el exterior. Su diseño respondía a trasladar a una estructura formalmente civil y no gubernamental una parte de las actividades que históricamente habían estado vinculadas a la política exterior estadounidense. Desde entonces, ha financiado miles de proyectos en todo el mundo, apoyando a medios, organizaciones civiles, sindicatos y actores políticos en distintos países.

Su funcionamiento es relativamente sencillo. Cada año recibe fondos públicos aprobados por el Congreso, que luego distribuye a través de subvenciones a organizaciones internacionales. Entre sus principales áreas de actuación figuran la libertad de prensa, el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y la lucha contra la desinformación. En ese marco, entidades mediáticas y proyectos de verificación han sido beneficiarios de estos programas.

Este modelo ha generado, desde hace décadas, un debate recurrente. Por un lado, sus defensores sostienen que la NED cumple una función clave al apoyar sociedades civiles en contextos donde las libertades están restringidas. Argumentan que su carácter formalmente independiente le permite actuar con mayor flexibilidad que las estructuras diplomáticas tradicionales. Por otro, sus críticos cuestionan esa independencia. Señalan que, al depender de financiación pública estadounidense y operar dentro de las prioridades de política exterior de Washington, la NED actúa como un instrumento de influencia internacional. No en el sentido clásico de intervención directa, sino como parte de lo que se conoce como “poder blando”: la capacidad de moldear marcos políticos, mediáticos y culturales en otros países.

La cuestión de fondo es estructural. La NED no financia proyectos al azar, sino iniciativas alineadas con una determinada concepción de la democracia, la gobernanza y el espacio informativo. Para acceder a esos fondos, las organizaciones deben encajar en ese marco. Y para mantenerlos, resulta lógico que continúen desarrollando actividades compatibles con esas líneas.

Esto no implica una relación de obediencia directa ni invalida automáticamente el trabajo de los beneficiarios. Pero sí configura un contexto donde financiación y orientación estratégica tienden a converger.

En un escenario global en el que la información se ha convertido en un terreno central de competencia política, actores como la NED forman parte de una arquitectura más amplia. Una arquitectura en la que gobiernos, fundaciones y organizaciones civiles interactúan para influir —de manera abierta o indirecta— en cómo se construyen los relatos públicos.

Open Society Foundations

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas de la Fundación de los ejercicios 2023,2024 y 2025.

La Open Society Foundations (OSF) es una de las mayores redes filantrópicas del mundo. Fundada por el inversor George Soros, su objetivo declarado es promover sociedades abiertas basadas en el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia liberal. Sin embargo, su alcance y su forma de operar la sitúan en un terreno donde la filantropía se cruza con la política.

Desde su creación a finales de los años ochenta, en el contexto del final de la Guerra Fría, OSF ha canalizado miles de millones de dólares hacia proyectos en más de un centenar de países. Su actividad abarca desde la financiación de medios de comunicación y organizaciones civiles hasta el apoyo a iniciativas legales, educativas y de gobernanza. En Europa, América Latina y Estados Unidos, su presencia es especialmente significativa en ámbitos como la libertad de prensa, la transparencia institucional o las políticas migratorias.

El modelo identifica áreas consideradas estratégicas —democracia, derechos civiles, acceso a la información— y financiar actores que trabajen en esa dirección. A diferencia de otras fundaciones más técnicas o sectoriales, OSF opera con una visión amplia y explícitamente ideológica en la defensa de lo que denomina “sociedad abierta”.

Ese punto es central para entender las controversias que rodean a la organización. Por un lado, sus defensores consideran que OSF desempeña un papel esencial al sostener proyectos independientes en contextos donde la financiación local es insuficiente o está condicionada por gobiernos o intereses económicos. Argumentan que su apoyo permite el desarrollo de medios críticos, organizaciones de derechos humanos y espacios de participación cívica.

Por otro, sus críticos sostienen que esa misma capacidad financiera le otorga una influencia política indirecta significativa. Señalan que, al financiar redes de ONG, medios y plataformas de incidencia en distintos países, OSF contribuye a moldear agendas públicas, marcos regulatorios y debates políticos. No a través de intervención directa, sino mediante la construcción de ecosistemas afines a sus principios.

La propia Open Society Foundations no oculta esa orientación. A diferencia de otros financiadores que apelan a la neutralidad, su marco es promover determinadas ideas sobre democracia, derechos y gobernanza global. Desde esa perspectiva, la financiación no es neutra, sino coherente con un proyecto político-cultural amplio.

Esto no implica automáticamente falta de rigor ni invalida el trabajo de las organizaciones financiadas. Pero sí introduce que los recursos tienden a dirigirse hacia iniciativas alineadas con esa visión, lo que influye —aunque sea de forma indirecta— en qué proyectos prosperan, qué temas ganan visibilidad y qué enfoques se consolidan.

En un contexto donde la información, la regulación digital y la sociedad civil están cada vez más interconectadas, Open Society Foundations actúa como un actor clave. No solo por su capacidad financiera, sino por su papel en la articulación de redes globales de influencia.

IFCN / Poynter Institute

 

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas de la Fundación de los ejercicios 2023,2024 y 2025.

En términos formales, la IFCN no verifica contenidos directamente. Su papel es fijar las reglas del juego. Define qué se considera fact-checking riguroso, establece códigos de conducta y actúa como entidad certificadora a nivel global. Esa certificación es, en la práctica, la puerta de entrada para colaborar con grandes plataformas digitales que externalizan parte de la verificación de contenidos.

Ahí es donde entra la cuestión de la financiación. El Poynter Institute, organización matriz de la IFCN, sostiene su actividad a través de una combinación de donaciones, subvenciones y acuerdos con grandes actores tecnológicos y filantrópicos. Entre sus financiadores más relevantes figuran:

• Meta (Facebook), que financia programas de verificación y alfabetización mediática
• Google, a través de iniciativas como Google News Initiative
• Fundación Bill y Melinda Gates
• Open Society Foundations
• Omidyar Network
• National Endowment for Democracy

A estos se suman otras fundaciones, universidades y donantes institucionales. El modelo, por tanto, no es neutro desde el punto de vista estructural. La IFCN establece estándares globales de verificación mientras su organización matriz recibe financiación de algunos de los principales actores del ecosistema informativo digital y geopolítico.

Aquí emerge el núcleo del debate. Las plataformas tecnológicas —Meta, Google— controlan en gran medida la distribución de contenidos a escala global. Al mismo tiempo, financian iniciativas de verificación y colaboran con organizaciones certificadas por la IFCN para etiquetar, limitar o contextualizar información. Esto crea un circuito donde quienes distribuyen la información participan en la financiación de quienes la evalúan

No implica necesariamente manipulación ni decisiones dirigidas. Pero sí configura un sistema con interdependencias claras.

Desde el lado defensivo, tanto Poynter como la IFCN sostienen que existen cortafuegos editoriales que garantizan la independencia de los verificadores y que la financiación no condiciona las conclusiones. Argumentan que, en un entorno dominado por plataformas privadas, es necesario precisamente establecer estándares comunes que aporten rigor y transparencia.

Sin embargo, desde una perspectiva crítica, el problema no es tanto el contenido concreto de una verificación como el diseño del sistema. Cuando los estándares, la certificación y parte de la financiación convergen en un mismo ecosistema, la cuestión deja de ser puntual y pasa a ser estructural.

Otros actores relevantes

• Internews Network

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas de la Fundación de los ejercicios 2023,2024 y 2025.

La Internews Network es una organización internacional sin ánimo de lucro centrada en el desarrollo de medios, la formación de periodistas y el fortalecimiento del acceso a la información en distintos países. Su actividad se despliega especialmente en contextos considerados estratégicos desde el punto de vista democrático o geopolítico.

Su financiación procede en gran medida de instituciones públicas y grandes fundaciones, entre ellas la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión Europea y entidades filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates.

El modelo consiste en canalizar recursos hacia proyectos de medios, alfabetización mediática y acceso a la información en terceros países.

Sus críticos señalan que, al depender de financiación pública estadounidense y europea, Internews actúa dentro del marco de la política exterior de estos actores, funcionando como herramienta de “poder blando”. Sus defensores, en cambio, sostienen que su labor es clave para apoyar el periodismo independiente en entornos donde este es débil o inexistente.

• European Climate Foundation

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas de la Fundación de los ejercicios 2023,2024 y 2025.

La European Climate Foundation (ECF) es una fundación con sede en Europa centrada en impulsar políticas públicas relacionadas con la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Su actividad se articula principalmente a través de la financiación de proyectos, think tanks, medios y organizaciones civiles que trabajan en el ámbito climático.

Su financiación procede de grandes fundaciones internacionales y donantes institucionales, entre ellos entidades filantrópicas estadounidenses y europeas vinculadas a agendas climáticas globales.

El modelo consiste en apoyar iniciativas que aceleren cambios regulatorios, sociales y económicos en materia de energía y medio ambiente.

La controversia gira en torno a su capacidad de influencia. Sus críticos sostienen que, al financiar redes de organizaciones, expertos y proyectos mediáticos, contribuye a orientar el debate público y las políticas energéticas en Europa. Sus defensores, en cambio, argumentan que su papel es clave para avanzar en la descarbonización y aportar conocimiento técnico en un ámbito complejo.

• Stichting Benevolentia (PORTICUS)

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas de la Fundación de los ejercicios 2022,2023 y 2024.