Durante la pandemia, muchas mujeres en España fueron sometidas a cesáreas sin su consentimiento por dar positivo en COVID-19. Entre protocolos rígidos y miedo hospitalario, se vulneraron derechos fundamentales y la autonomía sobre su propio parto.
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La irrupción del COVID-19 llevó a los sistemas sanitarios a imponer drásticas medidas incluso en la atención al parto. Sin embargo, tanto la OMS como las guías españolas advertían que la infección por SARS-CoV-2 por sí sola no justifica una cesárea. La OMS recordaba que “las cesáreas solo deben realizarse cuando estén médicamente justificadas” y que un resultado positivo de COVID-19 no es en sí mismo una indicación de cesárea. En España, el Ministerio de Sanidad estableció desde marzo de 2020 que la decisión entre parto vaginal o cesárea debe evaluarse según el criterio obstétrico, sin precipitaciones debidas únicamente al coronavirus. Estos protocolos oficiales insistían en que la elección fuese “individual y multidisciplinar”, priorizando primero la salud de la madre y luego, siempre que fuera posible, la seguridad del personal sanitariomurciasalud.eseldiario.es.
Sin embargo, numerosos testimonios indicaron que varios hospitales no siguieron estas guías. En algunos centros se impusieron protocolos de inducción o incluso “cesárea electiva” en toda embarazada con sospecha de COVID-19, aun cuando no había causa obstétrica clara. Las asociaciones de defensa de los derechos maternos denunciaron que estas medidas contradecían las recomendaciones de la OMS y de la propia sanidad pública. En la práctica, muchas mujeres contaron que se sentían obligadas a aceptar intervenciones aceleradas (“acortar el tiempo de parto”, uso de oxitocina, etc.) solo por estar enfermas, aunque fueran asintomáticas.
El caso más conocido en España es el de “Teresa” (seudónimo), cuya situación resume esta controversia. En abril de 2020 ingresó en Valdecilla (Santander) con dilatación completa y a punto de dar a luz a su tercera hija. Tras confirmar que era COVID positiva se la condujo quirófano de urgencia para una cesárea. Según la información judicial, no existía ningún motivo obstétrico para tal decisión; días antes había aprobado la jefa de Ginecología una directriz interna que ordenaba terminar “por cesárea” todos los partos de gestantes contagiadas. Teresa relata que durante el proceso imploró que la dejaran parir y lloró desconsoladamente, sintiéndose tratada “como si fuera un cacho de carne tirado en una camilla” sin que nadie le explicara nada. Tras la operación, la niña fue entregada a su padre (también con COVID), pero a ella la mantuvieron ingresada cinco días más por complicaciones del procedimiento.
Teresa acudió entonces a los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º2 de Santander examinó el caso y constató que el equipo médico no siguió el procedimiento legal: no se obtuvo consentimiento informado ni por escrito, y no se solicitó la preceptiva ratificación judicial en 24 horas tras la intervención, tal como exige la Ley de Autonomía del Paciente en situaciones urgentes. Aun así, aquella sentencia estimó que la cesárea fue técnicamente justificada por la “situación excepcional” de inicio de la pandemia. El tribunal concluyó que el hospital había actuado “conforme a la ley” y “al conocimiento científico disponible” dentro del contexto de “miedo y pánico generalizados. No obstante, reconoció implícitamente que la cesárea se practicó forzosamente sin respeto al consentimiento.
La demandante llevó después el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que confirmó la sentencia. Finalmente en noviembre de 2025 el asunto llegó al Tribunal Constitucional en un recurso de amparo. En su escrito de apelación, Teresa alega que la cesárea se hizo “sin criterio obstétrico, sin su consentimiento y sin consideración de la evidencia científica disponible” y que dicha actuación vulneró su derecho a la integridad física (artículo 15 de la Constitución). También denuncia que los tribunales anteriores usaron argumentos estereotipados (“excesivas expectativas”, “parto mitificado”) para restar importancia al impacto físico y psicológico de lo sucedido. El equipo jurídico subraya que no se detalló ningún beneficio claro para la salud pública que justificara la cesárea forzada frente a un parto vaginal, por lo que considera que hubo violación del derecho a la tutela judicial efectiva y discriminación de género en el fallo.
Teresa misma describe que el incidente la dejó con secuelas profundas: “Físicamente no me reconozco, no reconozco mi cuerpo. Y mentalmente fue una ruptura total… He sentido que me robaban una parte de mi vida”. Su experiencia –llena de indignación y dolor– da voz a muchas mujeres que vivieron partos medicalizados de emergencia. Frente a ello, grupos de defensa subrayan la necesidad de equilibrar siempre las medidas de salud pública con el respeto a la autonomía de la mujer.
Este caso individual encarna una tendencia más amplia. Encuestas españolas muestran que muchas gestantes sintieron vulnerados sus derechos durante la pandemia. Un estudio de campo con 6.060 madres que dieron a luz entre 2020 y 2021 halló que el 33,5 % creía haber sufrido “violencia obstétrica” en su parto; de ellas, el 67,8 % opinó que tales intervenciones no estaban justificadas por el contexto COVID. A nivel global se han documentado situaciones similares. En América Latina, reportajes de medios como Pie de Página relatan cómo hospitales “bajo presión” citaron inducciones o cesáreas rutinarias solo por miedo a la saturación hospitalaria, contraviniendo directrices sanitarias locales. Tal como apuntó la OPS/OMS para la región, en “nombre de la pandemia” las tasas de cesáreas subieron enormemente, incluso entre mujeres sin infección. En otras palabras, el recurso sanitario llevó a un aumento de intervenciones agresivas en el parto pese a que la evidencia médica no apoyaba esos protocolos. De hecho, estudios clínicos indicaron que el Covid-19 materno no requería eliminar el parto vaginal (la tasa de transmisión vertical era baja) y que la cesárea por sí misma conllevaba más riesgos sin mejorar los resultados neonatales.