En Alemania, el debate sobre los síndromes post-vacunación ha dejado de ser marginal para convertirse en un asunto sanitario de primer orden. Tras años de controversia pública, el Parlamento alemán ha empezado a analizar en serio las consecuencias que grupos de ciudadanos asegura padecer después de recibir las vacunas contra la COVID-19.
El marco legal alemán contempla desde hace décadas la figura del “daño por vacuna” (Impfschaden). No es un concepto político ni un término mediático: es una categoría jurídica que permite a un ciudadano obtener reconocimiento oficial y compensación económica cuando se demuestra que una vacuna administrada de forma obligatoria o recomendada por el Estado le ha provocado un daño grave. La evaluación corre a cargo de autoridades regionales con el asesoramiento científico del Paul-Ehrlich-Institut (PEI), el organismo responsable de la farmacovigilancia de vacunas en Alemania.
Hasta enero de 2024, las autoridades habían reconocido unos 467 casos de daños por vacuna relacionados con la COVID-19. Es una cifra pequeña en proporción a los más de 180 millones de dosis administradas en el país, pero a la vez es considerablemente superior al histórico de daños por otras vacunas, que suelen registrar apenas unos pocos casos al año.
La otra cara del fenómeno es la enorme distancia entre las solicitudes recibidas y los casos oficialmente aceptados. Durante los años posteriores a la campaña de vacunación, miles de ciudadanos presentaron reclamaciones argumentando que sufrían síntomas incapacitantes tras recibir la vacuna. La mayoría de esos expedientes siguen pendientes o han sido rechazados por no cumplir los criterios de causalidad exigidos por el PEI, extremadamente estrictos y basados en literatura científica sólida. Este desfase alimenta la sensación de abandono que denuncian los afectados: quienes padecen síntomas crónicos —neurológicos, cardiovasculares o multisistémicos— se encuentran muchas veces atrapados entre la falta de reconocimiento médico y la imposibilidad administrativa de demostrar una relación causal directa.
La controversia no reside en la existencia de los síntomas, sino en su atribución. El PEI reconoce que hay efectos adversos graves ya descritos en la literatura científica —miocarditis, trombosis raras, síndromes autoinmunes, neuropatías— y que estos pueden estar asociados a las vacunas en casos concretos. Pero la mayoría de afectados que reclaman un “síndrome post-vacunación” presentan cuadros complejos que recuerdan a patologías post-infecciosas como el Long-Covid o el ME/CFS, para los que no existe aún un biomarcador definitivo. Esta ausencia de criterios diagnósticos claros dificulta la valoración regulatoria y deja a muchos pacientes en un limbo.
A ello se suma un problema de infraestructura. Alemania, pese a ser uno de los países con mayor inversión sanitaria de Europa, dispone de muy pocos centros especializados en enfermedades post-infecciosas y post-vacunación. Los médicos formados en estos síndromes son escasos, las listas de espera son largas y muchos pacientes denuncian que se les deriva a tratamientos psicológicos sin una investigación clínica profunda. Ese patrón no solo es cuestionado por asociaciones de afectados, sino también por médicos que participaron en la reciente audiencia del Bundestag, donde pidieron más investigación, más formación y más prudencia antes de descartar una causa fisiológica.
El resultado es un cuadro complejo. Existe un número reducido pero significativo de casos oficialmente confirmados; existe un volumen mucho mayor de personas que aseguran sufrir secuelas tras la vacunación; y existe un sistema sanitario que todavía no dispone de herramientas suficientes para abordarlo con claridad. Alemania empieza ahora a afrontarlo, abriendo una discusión pública que hasta hace poco era considerada tabú.
Lo verdaderamente relevante es que el debate ya no gira en torno a si los síndromes post-vacunación son reales —los datos oficiales confirman que lo son—, sino en cómo identificarlos, tratarlos y compensarlos de manera justa. La discusión científica continúa abierta, pero la realidad administrativa y clínica muestra una necesidad evidente de mejorar los mecanismos de diagnóstico, reforzar la investigación independiente.