La crisis de Ceuta ha provocado que el Gobierno declare por primera vez una «situación de interés para la Seguridad Nacional». El paso tiene una importancia que va más allá de la gestión de las decenas de miles de personas que cruzaron irregularmente la frontera a finales de julio. Obliga a afrontar la discusión que España lleva años aplazando de si se puede defender una inmigración legal, proteger el derecho de asilo y rechazar abusos en las fronteras, teniendo en cuenta que un Estado sigue necesitando decidir quién entra, en qué condiciones y qué hace cuando la capacidad de acogida o de integración alcanza sus límites.
El lenguaje del Boletín Oficial del Estado resulta, en este caso, bastante más contundente que buena parte del debate político. El Real Decreto 681/2026, publicado el 26 de agosto, describe la llegada de los días 30 y 31 de julio como una «presión inédita» sobre el control fronterizo, la identificación, la atención humanitaria y la acogida. El Gobierno reconoce que la situación ha afectado al funcionamiento de los servicios públicos y considera superadas las capacidades ordinarias de gestión, asistencia y seguridad ciudadana de Ceuta. La declaración estará inicialmente vigente hasta el 31 de diciembre y afecta no solo a la ciudad, sino también a su frontera terrestre, puestos fronterizos, costas, puertos y aguas adyacentes.
No es un estado de alarma ni permite suspender derechos fundamentales. Conviene subrayarlo porque la expresión «Seguridad Nacional» puede sugerir competencias extraordinarias que el decreto no concede. Las administraciones siguen actuando con sus poderes ordinarios. Lo excepcional es la coordinación de esos poderes y la movilización conjunta de recursos bajo la dirección del Gobierno.
Pero tampoco es un simple cambio administrativo. Interior puede destinar recursos al control de las fronteras terrestres y marítimas, la identificación, la investigación de la inmigración irregular, el tráfico de personas y los delitos asociados. Defensa podrá aportar capacidades humanas, de vigilancia, transporte, alojamiento, comunicaciones y logística. Exteriores participará en los procedimientos de identificación, readmisión y retorno y en la cooperación con Marruecos y otros Estados. El propio decreto encomienda a la autoridad funcional coordinar las actuaciones necesarias para el retorno de quienes se encuentren irregularmente en España, siempre dentro de la legislación vigente. Un segundo real decreto publicado este mismo miércoles concreta los recursos que pueden emplearse.
Es difícil sostener, después de leer el BOE, que el control de las fronteras sea simplemente una obsesión ideológica de determinados partidos. De hecho, ha sido un Gobierno de coalición progresista el que ha terminado recurriendo al instrumento más importante que contempla la Ley de Seguridad Nacional por debajo de los estados constitucionales de emergencia. Y es la primera vez que esta figura se utiliza desde que fue creada en 2015.
Hay aquí una realidad que merece discutirse sin los automatismos habituales. Controlar una frontera no significa necesariamente militarizarla permanentemente, disparar contra quien intenta cruzarla o renunciar al derecho de asilo. Pero tampoco parece razonable reducir la existencia de una frontera a una cuestión moral. Una frontera es, antes que nada, el lugar en el que un Estado determina quién puede acceder a su territorio.
La propia evolución de la crisis ha acabado mostrando esa diferencia. El Ministerio del Interior cifró en 72.000 las entradas irregulares registradas el 30 de julio y aseguró pocos días después que más de 70.000 de esas personas ya habían abandonado Ceuta. Según Fernando Grande-Marlaska, la colaboración con Marruecos permitió «el retorno de la inmensa mayoría». Interior defendió además la necesidad de evitar tanto las tragedias humanas como la vulneración de las fronteras españolas y europeas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue todavía más lejos en su comparecencia del 25 de agosto. Admitió que el Gobierno había llegado tarde, pidió disculpas por la sensación de abandono de parte de la población ceutí y calificó lo sucedido los días 30 y 31 como un ataque a la integridad territorial de España. También habló de mafias, redes, actores interesados y posibles agentes desestabilizadores, aunque reconoció que todavía existen interrogantes sobre el origen exacto de la crisis.
Esa descripción convive, sin embargo, con una concepción muy diferente de la inmigración dentro de una parte de la izquierda española. El documento político aprobado por Movimiento Sumar en 2025 critica expresamente la «militarización de las fronteras» y sostiene que los mecanismos de securización desplazan las rutas migratorias y aumentan su peligrosidad. La formación afirma que se opone a proporcionar una respuesta «securitaria, militar y policial» a la migración y plantea como alternativa vías legales y seguras, políticas de inclusión y procesos de regularización para las personas que se encuentran en situación administrativa irregular.
No se trata de una posición improvisada a raíz de Ceuta. Podemos lleva años defendiendo también corredores humanitarios, visados y procedimientos que permitan acceder legalmente al territorio europeo y solicitar protección sin recurrir a las rutas clandestinas.
Cuando estalló la crisis del 30 de julio, Sumar volvió a plantearlo en esos términos. Reclamó reforzar la acogida, respetar el derecho de asilo y sustituir la política basada en la reacción y la externalización de fronteras por vías legales y seguras y una mayor responsabilidad compartida entre los países europeos. También advirtió de confiar el control migratorio a terceros países puede convertir a esos Estados en actores capaces de utilizar los movimientos de población como instrumento de presión.
Ese argumento merece ser tomado en serio. España depende en buena medida de la cooperación marroquí para contener las salidas. El propio Ministerio del Interior agradeció el 30 de julio los esfuerzos de las fuerzas de seguridad de Marruecos, que, según el departamento, habían impedido miles de intentos de entrada irregular.
La paradoja resulta evidente. Cuanto más depende España de que otro país controle su frontera exterior, mayor es también la capacidad de ese país para condicionar lo que sucede al otro lado. Pero reconocer esa vulnerabilidad no resuelve la cuestión de fondo. Las «vías legales y seguras» pueden constituir una parte razonable de una política migratoria. Un trabajador contratado en origen, una persona que obtiene un visado, alguien admitido mediante un programa de reasentamiento o un refugiado trasladado mediante un corredor humanitario difícilmente necesitarán pagar a una organización clandestina para jugarse la vida atravesando el Mediterráneo.
El problema aparece cuando la expresión se utiliza como respuesta completa. Una vía legal necesita requisitos. Si todo aquel que quisiera emigrar a España pudiera utilizarla automáticamente, dejaría de existir una política de admisión. Si, por el contrario, existen criterios —contrato laboral, formación, necesidades del mercado de trabajo, vínculos familiares, protección internacional o cualquier otro— necesariamente habrá personas que los cumplan y otras que no.
Y en ese momento aparece una pregunta mucho menos cómoda: ¿qué sucede con quien no obtiene autorización y decide entrar igualmente? No es una cuestión secundaria. Es exactamente el punto en el que una política de inmigración deja de ser una declaración de principios y comienza a funcionar como política pública.
También existe otra pregunta que rara vez ocupa el centro del debate: ¿cuántas personas puede recibir España cada año? No hay una respuesta matemática evidente. La cifra dependerá del mercado laboral, la vivienda disponible, la cohesión social, la voluntad de los Españoles, la situación económica, los servicios públicos, la distribución territorial, la capacidad administrativa, las necesidades demográficas y, naturalmente, de las obligaciones internacionales en materia de refugiados.
Pero que no exista una cifra indiscutible no significa que la pregunta carezca de sentido. España podría decidir admitir más inmigración económica o menos. Podría establecer cupos por sectores, favorecer determinadas profesiones, ampliar la contratación en origen, aumentar los visados de trabajo o establecer programas específicos con determinados países. Todas esas posibilidades son discutibles y perfectamente compatibles con una sociedad democrática.
Lo difícil de sostener es que el número resulte irrelevante. Un municipio puede absorber determinados incrementos de población antes de necesitar nuevas viviendas, centros de salud, colegios, policías o infraestructuras. Lo mismo ocurre con una comunidad autónoma y, a otra escala, con un país. Hablar de capacidad no convierte a las personas en mercancías; significa reconocer que los recursos públicos, la vivienda y las estructuras de integración no son infinitos.
Ceuta acaba de ofrecer un ejemplo extremo. El Gobierno no ha declarado la situación de interés para la Seguridad Nacional porque quienes llegaron carezcan de dignidad o derechos. Lo ha hecho precisamente porque el número y la velocidad de las llegadas superaron la capacidad ordinaria de las administraciones. Esa es la descripción oficial de la crisis.
El asilo merece una consideración separada. Una persona que huye de una persecución y tiene derecho a protección internacional no puede ser tratada simplemente como un inmigrante económico cuya entrada depende de una cuota laboral. Las solicitudes deben analizarse con garantías y de manera individual. Confundir inmigración, irregularidad y asilo conduce a errores en ambas direcciones.
Pero el respeto al asilo tampoco obliga a aceptar que cualquier entrada irregular produzca automáticamente un derecho de permanencia. Precisamente el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, plenamente aplicable desde el pasado 12 de junio, intenta combinar ambas cosas. La Comisión Europea habla simultáneamente de fronteras exteriores seguras, controles de identidad y seguridad, procedimientos de asilo, protección para quienes la necesitan, retornos para quienes no tienen derecho a permanecer y promoción de vías legales de inmigración.
Esta combinación es importante porque rompe una dicotomía demasiado habitual en España. No hay que elegir necesariamente entre fronteras y derechos humanos. Puede haber fronteras controladas y procedimientos de asilo. Puede haber inmigración legal y retornos. Puede haber contratación de extranjeros y persecución de la inmigración clandestina. Incluso pueden ampliarse considerablemente las vías legales mientras se refuerza el control sobre las entradas no autorizadas.
El Consejo de la Unión Europea resume el modelo de forma bastante sencilla: fronteras exteriores sólidas y seguras, respeto a los derechos y solidaridad entre los Estados sometidos a mayor presión.
Hay además un actor que suele desaparecer cuando el debate se convierte en una disputa entre partidarios y detractores de la inmigración: las organizaciones criminales. La Comisión Europea calcula que el tráfico ilícito de migrantes genera más de 5.000 millones de euros anuales. Las redes utilizan rutas terrestres y marítimas, pero también tecnologías digitales y redes sociales para captar clientes, organizar viajes y coordinar pagos.
España conoce bien ese negocio. En abril de este año, una investigación española apoyada por Europol desarticuló una red que utilizaba embarcaciones rápidas en el Mediterráneo occidental para transportar migrantes y que mantenía conexiones con otras actividades delictivas. En mayo se produjo otra operación contra una organización que trasladaba personas entre Argelia y España y, el 7 de agosto, Europol informó de 78 detenciones en una gran operación contra una red que operaba también en el Mediterráneo occidental.
Pocos días después, el 21 de agosto, la Policía Nacional anunció en Ceuta y La Línea de la Concepción la desarticulación de dos organizaciones que trasladaban clandestinamente a migrantes desde la ciudad autónoma hasta la Península mediante pequeñas embarcaciones.
Las vías legales pueden restar clientes a esas organizaciones. Pero difícilmente acabarán con ellas mientras exista una diferencia suficientemente grande entre el número de personas que quieren entrar y el número de personas autorizadas a hacerlo. Siempre habrá alguien dispuesto a cobrar por saltarse esa diferencia.
Aquí es donde el debate sobre los límites se vuelve inevitable. Si España establece vías legales para 100.000 personas y existen 500.000 candidatos, ¿qué ocurre con los 400.000 restantes? Si las necesidades laborales permiten admitir 300.000, ¿deberían admitirse 300.000, 600.000 o un número ilimitado? ¿Debe intervenir en esa decisión la disponibilidad de vivienda? ¿Y la capacidad de los municipios? ¿Debe existir algún mecanismo que relacione las entradas económicas con las necesidades reales del mercado de trabajo o la voluntad de los ciudadanos españoes?
Las cifras son deliberadamente hipotéticas. Lo relevante es la pregunta. Una democracia puede contestarla de muchas maneras. Lo extraño es negarse a formularla.
La crisis de Ceuta ha terminado situando esa cuestión en un terreno que hasta hace pocas semanas parecía reservado a los discursos políticos más duros. El Gobierno ha reforzado la frontera, ha utilizado recursos militares, ha negociado retornos con Marruecos, ha desplegado policías y ha activado por primera vez la Ley de Seguridad Nacional. Y lo ha hecho al tiempo que mantiene sus obligaciones humanitarias y de protección internacional.
Quizá esa sea precisamente la principal lección de estas semanas. El problema migratorio no se resuelve únicamente levantando vallas, pero tampoco desaparece eliminándolas del discurso. No basta con repetir que hacen falta vías legales y seguras si no se explica cuántas, para quién y qué ocurre con quienes quedan fuera.
La política de fronteras debe decidir qué inmigración desea España, qué capacidad real tiene para integrarla, cómo protege a quienes necesitan refugio, cómo combate a las mafias, cómo reduce su dependencia de terceros países y qué hace con quienes no tienen derecho legal a permanecer.
El BOE ha terminado poniendo nombre a una realidad que durante demasiado tiempo se discutió casi exclusivamente en términos ideológicos. Cuando decenas de miles de personas atraviesan en pocas horas una frontera y la capacidad ordinaria del Estado resulta insuficiente, la inmigración deja de ser solamente una cuestión social o humanitaria. También se convierte, literalmente, en una cuestión de Seguridad Nacional.