El antiguo asesor del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos admitió una conspiración para eludir las normas de transparencia y conservación de documentos públicos. El caso afecta a comunicaciones sobre subvenciones de investigación de coronavirus vinculadas a EcoHealth Alliance y al Instituto de Virología de Wuhan, pero no implica una acusación penal contra Anthony Fauci ni resuelve el origen de la COVID-19.
David M. Morens, de 78 años, antiguo asesor principal en la Oficina del Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID), se declaró culpable el 18 de agosto de 2026 de un cargo de conspiración para cometer delitos y defraudar a Estados Unidos.
Según el comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito de Maryland, la admisión de culpabilidad se refiere a una operación destinada a sortear solicitudes de acceso a la información pública y las obligaciones federales de conservación de documentos. Morens, que trabajó en el NIAID entre 2006 y 2022, podría enfrentarse a una pena máxima de cinco años de prisión. La sentencia está prevista para el 12 de noviembre de 2026.
De acuerdo con la Fiscalía, Morens y otros participantes utilizaron su cuenta personal de Gmail para tratar asuntos que debían haberse canalizado, conservado y registrado en los sistemas oficiales de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).
Las comunicaciones versaban sobre una subvención denominada Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence, concedida a EcoHealth Alliance. La entidad había realizado una subcontratación con el Instituto de Virología de Wuhan, en China.
El NIH canceló esa ayuda en 2020 en un contexto de controversia pública sobre el posible origen de la COVID-19. Según los documentos judiciales, Morens y otras personas trataron de favorecer la restauración de la subvención y de rebatir la hipótesis de una fuga de laboratorio.
La Fiscalía sostiene que los implicados anticipaban que sus comunicaciones podrían ser solicitadas mediante la Ley de Libertad de Información estadounidense, conocida como FOIA. Por ello, habrían acordado deliberadamente mantener determinadas conversaciones fuera del correo institucional.
El comunicado oficial señala que la cuenta personal de Morens fue utilizada para intercambiar información no pública del NIH, comentar gestiones para influir en la financiación de EcoHealth Alliance y preparar borradores de comunicaciones dirigidas a responsables del organismo.
La acusación también incluye la aceptación de gratificaciones. Según la Fiscalía, uno de los co-conspiradores envió vino a la residencia de Morens como agradecimiento por sus “gestiones entre bastidores”. Los documentos citados por el Departamento de Justicia indican que, posteriormente, se habló de futuras invitaciones a restaurantes de alta cocina en París, Nueva York y Washington.
Asimismo, la Fiscalía afirma que Morens identificó como actuación oficial la redacción de un comentario científico en una revista médica de prestigio que defendiera la hipótesis de un origen natural de la COVID-19. La declaración de culpabilidad se refiere al cargo de conspiración; la resolución definitiva de las restantes cuestiones procesales corresponderá al tribunal.
La relación con Anthony Fauci
Morens fue durante años asesor de alto nivel en la oficina dirigida por Anthony Fauci, entonces responsable del NIAID. Esa relación profesional explica la relevancia pública del caso, aunque conviene precisar sus límites.
Anthony Fauci no figura como acusado en el procedimiento contra Morens. La Fiscalía no ha formulado contra él cargos relacionados con los hechos admitidos por su antiguo asesor, ni la declaración de culpabilidad de Morens acredita por sí misma que Fauci conociera o autorizara el uso de canales privados para ocultar registros.
En una comparecencia parlamentaria de 2024, Fauci manifestó que no conocía el uso que Morens hacía de su correo personal para tratar asuntos oficiales y calificó esa conducta de improcedente.
Un caso relevante para la transparencia institucional
La cuestión central del procedimiento no es una determinación judicial sobre el origen del virus, sino la gestión de documentos públicos y comunicaciones de responsables sanitarios en un momento de enorme trascendencia social y política.
Que un antiguo asesor del NIAID haya reconocido una estrategia para evitar los mecanismos de transparencia resulta relevante, especialmente porque afectaba a información relacionada con financiación pública de investigaciones sobre coronavirus y con el debate sobre Wuhan.
La opacidad institucional no prueba automáticamente una hipótesis concreta sobre el origen de la pandemia, pero sí justifica que se mantenga el escrutinio público sobre las decisiones, las comunicaciones y los posibles conflictos de interés de quienes participaron en la gestión de aquella crisis.
Está acreditado que David M. Morens se ha declarado culpable de conspirar para eludir las obligaciones de transparencia y conservación de registros federales. También consta, según la Fiscalía estadounidense, que las comunicaciones se referían a ayudas de investigación de coronavirus y que se utilizaron cuentas privadas para evitar su divulgación.
No consta, en cambio, que Anthony Fauci haya sido acusado o declarado culpable en este procedimiento. Tampoco la causa ha establecido judicialmente que la COVID-19 procediera de una fuga de laboratorio, ni que la financiación del NIAID causara la pandemia.
El caso deberá valorarse a partir de los documentos judiciales y de la sentencia que dicte el tribunal federal de Maryland, evitando convertir unos hechos graves y documentados sobre transparencia institucional en conclusiones que el procedimiento no ha probado.