La Unión Europea continúa ampliando su estrategia para combatir la desinformación y las injerencias extranjeras en el espacio digital. Aunque no se ha aprobado una ley que permita investigar de forma generalizada a los creadores de contenido, las instituciones comunitarias avanzan hacia un modelo de supervisión cada vez más amplio en el que los influencers, las plataformas digitales y los algoritmos pasan a ocupar un papel central. El debate ya no gira únicamente sobre los contenidos ilegales, sino sobre quién decide qué constituye un riesgo para la democracia.
Durante los últimos años, la respuesta de la Unión Europea frente a la desinformación ha evolucionado de forma notable. Lo que comenzó como una estrategia centrada en identificar campañas coordinadas procedentes de terceros países ha terminado convirtiéndose en un amplio conjunto de iniciativas legislativas y regulatorias que afectan al funcionamiento de las grandes plataformas digitales, los medios de comunicación y, cada vez más, a los nuevos actores que participan en el debate público.
En ese contexto se enmarca el denominado Escudo Europeo para la Democracia (European Democracy Shield), una iniciativa presentada por la Comisión Europea con el objetivo de reforzar la protección de los procesos democráticos frente a campañas de manipulación informativa, ciberataques e injerencias extranjeras. El propio Servicio de Estudios del Parlamento Europeo explica que este proyecto pretende coordinar distintas herramientas ya existentes y desarrollar nuevas medidas para aumentar la resiliencia democrática de la Unión frente a amenazas híbridas.
La polémica surgió después de que diversos medios interpretaran que un reciente informe respaldado por el Parlamento Europeo abriría la puerta a investigar a los influencers y endurecer las actuaciones contra la denominada desinformación. Sin embargo, conviene distinguir entre un informe político y una norma jurídica. El documento aprobado no crea por sí mismo nuevas competencias sancionadoras ni modifica directamente el Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Se trata de una resolución que fija la posición política del Parlamento y orienta futuras iniciativas legislativas de la Comisión Europea.
Eso no significa que el asunto carezca de importancia. Todo lo contrario. La relevancia del informe reside en la dirección que marca para la política digital europea. Uno de los aspectos más llamativos es la creciente atención que las instituciones europeas prestan al papel de los influencers en la formación de la opinión pública. La Comisión Europea reconoce expresamente el peso que estos creadores de contenido han adquirido en las campañas políticas y en la difusión de información a través de redes sociales. Por ese motivo, dentro del Escudo Democrático plantea impulsar redes voluntarias de influencers para difundir información institucional, promover buenas prácticas y colaborar en la protección de la integridad informativa durante procesos electorales.
Este planteamiento ha dado pie a interpretaciones muy diferentes. Algunos observadores consideran que supone simplemente adaptar las políticas públicas a una realidad comunicativa donde millones de ciudadanos reciben información a través de creadores digitales más que de los medios tradicionales. Otros, sin embargo, advierten de que la creciente implicación institucional en el ecosistema informativo puede terminar difuminando la frontera entre la promoción de información verificada y la influencia política sobre el debate público.
El trasfondo de esta discusión se encuentra en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), en vigor desde 2024. Esta normativa obliga a las grandes plataformas digitales a evaluar y reducir los llamados «riesgos sistémicos», entre los que figuran la desinformación, la manipulación de procesos electorales, la protección de los derechos fundamentales y otros factores que puedan afectar al funcionamiento democrático. La Comisión Europea dispone además de facultades para supervisar el cumplimiento de estas obligaciones e iniciar investigaciones sobre las plataformas cuando considere que no están gestionando adecuadamente esos riesgos.
En este punto aparece uno de los principales debates jurídicos. A diferencia de la regulación tradicional, centrada en perseguir contenidos claramente ilegales, el nuevo enfoque europeo introduce conceptos más amplios como «riesgo sistémico», «manipulación informativa» o «desinformación». Aunque la legislación incorpora garantías procedimentales, distintos expertos han señalado que estos conceptos admiten un margen considerable de interpretación y podrían incentivar una moderación preventiva por parte de las plataformas para evitar posibles sanciones regulatorias.
Las propias investigaciones académicas realizadas a partir de la base de datos de transparencia del DSA muestran que la moderación de contenidos continúa siendo muy desigual entre plataformas y que persisten interrogantes sobre el grado real de transparencia y supervisión de estas decisiones. Algunos estudios concluyen incluso que todavía resulta difícil evaluar si las plataformas modifican significativamente sus políticas durante acontecimientos políticos relevantes, como unas elecciones europeas.
Otro elemento que alimenta la controversia es que buena parte de estas iniciativas se justifican en la necesidad de responder a campañas de injerencia extranjera, especialmente atribuidas a Rusia, aunque el marco regulatorio termina afectando al conjunto del ecosistema digital europeo. Desde la perspectiva de la Comisión, el objetivo consiste en proteger los procesos democráticos frente a amenazas híbridas. Sus críticos sostienen, en cambio, que existe el riesgo de ampliar progresivamente las herramientas de supervisión hasta influir sobre el debate público legítimo.
Por ello, la cuestión de fondo no es únicamente si un influencer puede ser investigado. La legislación europea ya permite investigar a plataformas y actuar frente a actividades ilícitas o campañas coordinadas de manipulación. El verdadero cambio consiste en que la política comunitaria ha pasado de perseguir únicamente los contenidos ilegales a gestionar también aquellos fenómenos que considera capaces de generar riesgos para la democracia.
Ese desplazamiento conceptual probablemente marcará el futuro de la regulación digital europea durante los próximos años. A medida que la información política se traslada desde los medios tradicionales hacia redes sociales, plataformas de vídeo y creadores independientes, el debate dejará de centrarse únicamente en la libertad de expresión para establecer los criterios que determinan cuándo una información constituye un riesgo democrático y qué controles existen sobre quienes toman esa decisión.