Desde el 14 de mayo está en vigor el nuevo sistema de copago farmacéutico aprobado por el Consejo de Ministros mediante real decreto-ley. La medida modifica los tramos de aportación de los ciudadanos al coste de los medicamentos y promete aliviar la carga económica de millones de pacientes, especialmente personas con tratamientos crónicos y rentas medias y bajas. Pero detrás de la reforma emerge un debate sobre hasta qué punto el acceso a la medicación debe depender de la capacidad económica del paciente.
El Ministerio de Sanidad defiende que el modelo anterior había quedado desfasado. Desde 2012 apenas se habían introducido cambios estructurales en un sistema que agrupaba a la población activa en solo tres grandes niveles de renta. Una persona que ganaba 20.000 euros anuales soportaba prácticamente el mismo porcentaje de copago que otra con ingresos cercanos a los 90.000 euros. La reforma pretende corregir esa distorsión introduciendo seis tramos para trabajadores en activo y nuevos límites mensuales para determinados colectivos.
El nuevo esquema establece topes de gasto para las rentas más bajas. Los ciudadanos con ingresos inferiores a 9.000 euros mantendrán un copago del 40%, pero no podrán pagar más de 8,23 euros al mes. Quienes ingresen entre 9.000 y 17.999 euros tendrán un límite de 18,52 euros mensuales. También se crea un nuevo tramo intermedio para rentas de entre 18.000 y 34.999 euros, que abonarán un 45% del coste de los medicamentos con un máximo de 61,75 euros al mes. Por encima de esos niveles desaparecen los topes mensuales y aumenta progresivamente la aportación hasta alcanzar el 60% para las rentas superiores a 100.000 euros.
En el caso de los pensionistas, la reforma mantiene el copago reducido del 10% para la mayoría de las rentas, aunque reorganiza los límites máximos mensuales y añade un nuevo tramo intermedio. El Ejecutivo calcula que las familias españolas dejarán de asumir unos 265 millones de euros al año gracias al nuevo sistema.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la reforma apelando a la “equidad” y a la necesidad de evitar que los pacientes abandonen tratamientos por motivos económicos. El Gobierno sostiene que algunos estudios detectaron problemas de adherencia terapéutica entre trabajadores activos con enfermedades crónicas que no podían asumir el coste continuado de determinados medicamentos. Sin embargo, la reforma ha vuelto a abrir una discusión que lleva años latente en la sanidad española. ¿Es el copago una herramienta de justicia distributiva o una barrera encubierta de acceso al sistema sanitario?
Desde sectores críticos con el modelo, la respuesta es clara. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera que la reforma “reorganiza” las desigualdades, pero no elimina el problema de fondo. Su portavoz, Sergio Fernández, sostiene que el copago sigue funcionando como una barrera para pacientes vulnerables, especialmente crónicos y polimedicados. Según su análisis, el debate debería centrarse menos en cuánto paga cada ciudadano y más en cómo controlar el gasto farmacéutico mediante negociación de precios, compra pública o promoción de medicamentos genéricos.
El catedrático emérito de Medicina de la Universidad de Salamanca Miguel Barrueco plantea una cuestión todavía más política. A su juicio, la discusión ya no se limita a la progresividad del sistema, sino al modelo sanitario que España quiere consolidar. “La cuestión de fondo no es únicamente cuánto paga cada grupo social, sino qué modelo político se está consolidando”, advierte. Su temor es que el copago deje de ser una medida excepcional y termine convirtiéndose en un mecanismo estructural de financiación sanitaria.
En paralelo, las farmacias también observan la reforma con cautela. Tanto el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos como la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles respaldan la idea de avanzar hacia un sistema más progresivo, pero alertan de las dificultades operativas que supondrá su implantación. La actualización de programas informáticos, sistemas de facturación y adaptación administrativa recaerá directamente sobre las oficinas de farmacia, especialmente en zonas rurales o con menor rentabilidad.
El trasfondo económico tampoco es menor. España afronta un escenario marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y una presión creciente sobre el gasto sanitario y farmacéutico. Solo en 2025 el gasto farmacéutico público volvió a crecer por encima de la inflación, impulsado por tratamientos cada vez más costosos y por el incremento de pacientes mayores. El Gobierno defiende que la reforma busca precisamente evitar que esa presión termine afectando a los ciudadanos con menos recursos. Pero algunos expertos consideran que el verdadero problema es el elevado coste estructural del sistema y la dependencia creciente del gasto farmacéutico.
Mientras tanto, el nuevo modelo deberá superar todavía el filtro parlamentario. El decreto tendrá que ser convalidado en el Congreso en las próximas semanas y, por ahora, los principales grupos mantienen silencio sobre su posición definitiva.