La sentencia, difundida por varios medios griegos durante las últimas semanas, concede una indemnización de 300.000 euros a la familia de una mujer que falleció después de recibir la vacuna de AstraZeneca.
Según las informaciones publicadas, el tribunal consideró acreditada una relación causal entre la administración de la vacuna y la muerte de la mujer, que había sido vacunada dentro de la campaña nacional impulsada por el Estado griego. La resolución responsabiliza patrimonialmente al Estado, aunque no atribuye responsabilidad directa a la farmacéutica. La compensación económica se habría repartido entre el marido de la fallecida, que recibiría 120.000 euros, y las dos hijas del matrimonio, con 90.000 euros para cada una.
El caso ha tenido especial repercusión porque la defensa estatal argumentó durante el procedimiento que la vacunación era voluntaria y que, por tanto, no podía imputarse responsabilidad a la administración pública. El tribunal, sin embargo, habría rechazado ese razonamiento al considerar que la vacunación formaba parte de una estrategia oficial de salud pública promovida activamente por el Estado.
Más allá del impacto político o mediático, la resolución vuelve a poner sobre la mesa hasta qué punto los gobiernos deben responder cuando una campaña sanitaria masiva provoca daños graves. Durante la pandemia, numerosos países europeos impulsaron programas de vacunación con mensajes institucionales intensos, incentivos sociales e incluso restricciones indirectas para quienes no se vacunaban. Aunque formalmente la vacunación no fuese obligatoria en muchos Estados, el contexto social y político generó una presión evidente sobre buena parte de la población.
El debate tampoco puede separarse del historial concreto de la vacuna de AstraZeneca. Ya en 2021, distintas agencias reguladoras europeas reconocieron la existencia de casos raros de trombosis asociadas a trombocitopenia tras la administración de esta vacuna. La propia Agencia Europea de Medicamentos admitió entonces la existencia de una posible relación causal entre la vacuna y determinados episodios trombóticos poco frecuentes. Varios países limitaron posteriormente su uso en determinados grupos de edad o suspendieron temporalmente su administración mientras se investigaban los casos.
En paralelo, la farmacéutica se ha enfrentado en distintos países a reclamaciones judiciales relacionadas con esos efectos adversos. En Reino Unido, algunos procesos legales recientes volvieron a situar el foco sobre la vacuna tras conocerse documentos judiciales donde la compañía reconocía que podían producirse determinados síndromes trombóticos raros asociados a la inmunización.
Aun así, conviene matizar el alcance de la sentencia griega. El fallo no supone una condena general contra las vacunas Covid ni implica que todos los efectos adversos denunciados estén probados. Tampoco convierte automáticamente a AstraZeneca en responsable civil o penal de cada caso individual. La resolución parece referirse a una situación concreta evaluada bajo criterios jurídicos específicos y no a una declaración general sobre la seguridad global de la vacunación.