El Gobierno ha anunciado un nuevo plan de acción frente a la desinformación climática con el objetivo de reforzar la confianza en la evidencia científica y combatir narrativas consideradas falsas o engañosas. La iniciativa, presentada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, se enmarca en una estrategia más amplia orientada a mejorar la comunicación institucional en materia de cambio climático y a coordinar la respuesta frente a contenidos que cuestionan el consenso científico.
El plan se apoya en la colaboración con distintos actores, entre ellos expertos académicos, divulgadores, asociaciones de periodistas y plataformas de verificación. Según el Ejecutivo, el objetivo es dotar a la ciudadanía de herramientas para identificar información rigurosa y fortalecer el papel de la ciencia como base del debate público. En este contexto, la ministra subrayó que “la ciencia del clima no es opinable”, una afirmación que resume el enfoque adoptado por el Gobierno en su estrategia comunicativa.
Más allá del contenido concreto de las medidas, la iniciativa reabre un debate de fondo sobre el papel de las instituciones en la definición del discurso científico en el espacio público. En el ámbito estrictamente científico, el conocimiento no se establece por consenso político ni por adhesión social, sino a través de un proceso continuo de contraste, revisión y validación. Si bien existen áreas donde el consenso es amplio, la ciencia mantiene su legitimidad precisamente porque admite matices, incertidumbre y discusión metodológica.
En este sentido, la formulación de que una disciplina científica “no es opinable” puede interpretarse como un intento de reforzar la autoridad del conocimiento frente a la desinformación, pero también plantea interrogantes sobre sus implicaciones en el terreno del debate público. La frontera entre proteger la evidencia y limitar el espacio de discusión no siempre resulta nítida, especialmente cuando esa delimitación proviene de instancias políticas.
“LA CIENCIA DEL CLIMA NO ES OPINABLE”— Tribuna MITECO
El diseño del plan también pone el foco en el papel de intermediación de determinados actores mediáticos y sociales. La implicación de periodistas, verificadores y divulgadores en iniciativas impulsadas desde el ámbito gubernamental introduce la posible convergencia entre información, comunicación institucional y activismo. En este contexto, la cuestión no reside únicamente en la veracidad de los contenidos, sino en quién define los criterios de validación y bajo qué marco de independencia.
Este escenario refleja una tendencia más amplia en las democracias contemporáneas, donde la lucha contra la desinformación se ha convertido en un eje prioritario de las políticas públicas. Sin embargo, también plantea el reto de preservar un equilibrio entre garantizar el acceso a información rigurosa sin erosionar los principios de pluralismo, debate y autonomía crítica que caracterizan a una sociedad abierta.
En última instancia, la discusión no se centra tanto en el contenido de la ciencia del clima como en su gestión en el espacio público. Entre la necesidad de combatir la desinformación y el riesgo de institucionalizar un determinado relato, se abre un terreno donde ciencia, política y comunicación vuelven a cruzarse, obligando a redefinir sus límites y responsabilidades.
“La ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos.” — Richard Feynman