Cuando el acceso a internet comenzó a desaparecer en amplias zonas de Irán a finales de la semana pasada, muchos ciudadanos entendieron de inmediato el mensaje. No era un fallo técnico ni una interrupción accidental. Era una señal inequívoca de que el Estado había vuelto a recurrir a una de sus herramientas más eficaces para sofocar el descontento social.
Durante varios días, la conexión del país con el resto del mundo se redujo a niveles mínimos. Plataformas de mensajería, redes sociales y servicios internacionales dejaron de funcionar casi por completo. Solo algunos organismos estatales, empresas estratégicas y redes internas permanecieron operativas, de acuerdo con análisis de tráfico realizados por observatorios independientes de internet.
El apagón coincidió con protestas generalizadas desencadenadas por el deterioro de la economía, el desplome del rial y el aumento del coste de vida. Aunque las manifestaciones comenzaron de forma dispersa, rápidamente se extendieron a decenas de ciudades, desde grandes núcleos urbanos hasta localidades más pequeñas, según testimonios de residentes y organizaciones de derechos humanos.
Irán no es ajeno a los cortes de conectividad. Ya los utilizó en 2019 y 2022 para frenar protestas masivas. Pero expertos en telecomunicaciones señalan que el apagón actual muestra un nivel de sofisticación mayor, diseñado para limitar selectivamente el acceso internacional sin colapsar por completo las infraestructuras internas del país.
“El objetivo no es solo impedir la coordinación entre manifestantes”, explicó un investigador especializado en censura digital en Oriente Medio, “sino controlar el relato, reducir la visibilidad internacional de lo que ocurre y ganar tiempo”.
Las autoridades iraníes han justificado las restricciones aludiendo a motivos de seguridad y a la necesidad de combatir la “desinformación” y las “injerencias extranjeras”. No han reconocido públicamente que el apagón esté vinculado a las protestas, aunque el patrón temporal resulta difícil de ignorar.
Para la población, el impacto ha sido inmediato. Familias incapaces de comunicarse entre sí, negocios paralizados, estudiantes sin acceso a recursos educativos y profesionales de la salud con dificultades para coordinar servicios básicos.
Para periodistas y defensores de derechos humanos, el apagón supone algo más grave: la imposibilidad de documentar lo que ocurre en tiempo real. Videos, fotografías y testimonios solo logran salir del país de forma intermitente, a menudo a través de conexiones satelitales limitadas o redes privadas virtuales cuyo uso puede conllevar represalias legales.
Organizaciones internacionales advierten de que esta falta de información fiable incrementa el riesgo de abusos. En anteriores episodios de cortes de internet en Irán, las restricciones coincidieron con detenciones masivas y un uso intensivo de la fuerza por parte de las autoridades, hechos que solo se conocieron plenamente semanas o meses después.
A pesar del apagón, las protestas no se han extinguido por completo. En algunas ciudades, los manifestantes han recurrido a métodos tradicionales de organización: reuniones presenciales, panfletos y mensajes transmitidos de boca en boca. La ausencia de internet ha ralentizado la movilización, pero no la ha eliminado.
“Cerrar internet no elimina el descontento”, señaló un analista iraní en el exilio. “Solo lo oculta”.
El caso iraní se observa con atención más allá de sus fronteras. Activistas digitales advierten de que el uso del apagón de internet como instrumento político se está normalizando en regímenes autoritarios, y que cada nuevo episodio refina las técnicas para silenciar a sociedades enteras sin necesidad de un control militar permanente.