Por Cláudia Ascensão Nunes
El nuevo plan de la UE para regular el discurso, los medios y las elecciones.
La Unión Europea acaba de presentar el llamado Escudo Europeo de la Democracia. El nombre, aunque prometedor, afirma “proteger” la democracia sobre la base de dos pilares que, en principio, deberían generar preocupación: combatir la “desinformación” y la “interferencia extranjera”.
Para ello, la UE creará un nuevo Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, destinado a recopilar datos de los Estados miembros sobre manipulación informativa; manipulación y interferencia informativa extranjera (FIMI); y fenómenos clasificados como desinformación. El mismo paquete también incluye una red europea de verificadores independientes y un Observatorio Europeo de Medios Digitales, que contará con capacidades de monitoreo y análisis durante elecciones o momentos de crisis.
Con respecto a las elecciones libres y al riesgo de interferencia extranjera, la Comisión propone además financiar “periodismo independiente”. La ironía de que el periodismo financiado por instituciones políticas nunca puede ser genuinamente independiente parece pasar desapercibida para la Comisión.
El Escudo Europeo de la Democracia se presenta como una iniciativa para “reforzar” la democracia en un momento en que la Unión teme un aumento de hostilidades externas. Sin embargo, al examinarlo de cerca, revela señales profundamente inquietantes para la misma democracia que afirma defender, comenzando por el hecho de que no se basa en amenazas objetivas y legalmente definidas, sino en categorías inherentemente subjetivas como “desinformación”, “interferencia extranjera” o “crisis informativa”. La subjetividad de estos conceptos permite un margen de interpretación tan amplio que no solo corre el riesgo de convertirse en un instrumento de control político; parece casi diseñado como tal.
La Unión Europea es, después de todo, una entidad supranacional sobre la cual la mayoría de los europeos no se siente plenamente informada, gobernada por una Comisión que no es elegida directamente por el pueblo. Por lo tanto, carece de la legitimidad democrática y moral para dictar cómo deben funcionar las democracias nacionales.
En los últimos años, la noción misma de “desinformación” se ha convertido en una herramienta ambigua y en expansión, que permite a gobiernos e instituciones establecer una narrativa oficial de lo que es aceptable, otorgándoles autoridad moral para clasificar y eliminar opiniones consideradas “tóxicas” o “engañosas”. Esto conduce a una infantilización del ciudadano, como si el simple acto de pensar de manera independiente fuera de algún modo sospechoso.
Además, el Escudo permite que la Comisión active “mecanismos de respuesta conjunta” siempre que considere que existe una “crisis informativa”. Este es otro concepto indefinido y vago, que centraliza en la Comisión el poder de activar medidas excepcionales, como presionar a plataformas de redes sociales, dirigir a medios de comunicación y coordinar campañas informativas. En la práctica, esto funciona como una forma de emergencia informativa permanente, sin ningún control democrático efectivo.
Al transformar a los verificadores de datos en actores integrados dentro de una estructura institucional europea, la Comisión crea una autoridad para arbitrar la verdad política, una función incompatible con la democracia liberal, que depende del libre choque de ideas y la pluralidad de interpretaciones.
Incluso el simple acto de escrutar elecciones nacionales en cada Estado miembro otorga a la Comisión un poder que no debería poseer, dado el principio de subsidiariedad, que establece que la Unión solo debe intervenir cuando los Estados no pueden actuar por sí mismos. Las elecciones nacionales son asuntos internos y deben permanecer como tales.
Permitir que Bruselas ejerza influencia directa sobre el escrutinio electoral abre la puerta a un escenario peligroso: la posibilidad de impugnar o incluso invalidar resultados nacionales bajo el pretexto de “desinformación” o “interferencia extranjera”. Este riesgo es aún mayor en un momento en que partidos euroescépticos están en ascenso en varios Estados miembros, incluidos aquellos que son pilares de la propia Unión.
En Francia, el Rassemblement National obtuvo el 31.37% en las elecciones europeas de junio de 2024, el mejor resultado para cualquier partido francés en 40 años. En Alemania, la AfD obtuvo el 20,8% en las elecciones federales de 2025 y aparece regularmente por encima del 25% en las encuestas nacionales.
Estos dos países se consideran Estados miembros clave de la UE, no solo por su peso económico —juntos representan alrededor del 40% del PIB de la UE— sino también por el papel político estructurante que desempeñan en el proyecto europeo. El llamado motor franco-alemán suele determinar la dirección de la integración europea.
Si la Comisión Europea obtiene el poder de intervenir en el escrutinio de elecciones nacionales precisamente en los países que sostienen la arquitectura de la UE, estaríamos ante un precedente institucional del cual no hay retorno y que podría resultar desestabilizador para la Unión en su conjunto.
Para empeorar las cosas, la creación del Escudo ocurre en la misma semana en que la Comisión propuso una unidad europea de inteligencia, destinada a coordinar o agregar información de los servicios de inteligencia nacionales. Esta coincidencia sugiere un movimiento concertado hacia la centralización del poder informativo y de seguridad en Bruselas, sin un debate público significativo.
La democracia europea no necesita un “escudo” para controlar el discurso, supervisar elecciones o financiar la prensa. Necesita ciudadanos informados, medios verdaderamente libres e instituciones que respeten la soberanía democrática de cada país, comenzando por una reforma interna de la propia Unión Europea. La UE debe volverse más transparente y, irónicamente, más democrática otorgando mayor poder de decisión al Parlamento Europeo, elegido por los europeos, y reduciendo el poder de la Comisión, que carece de legitimidad directa.
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