La Comisión Europea anunció el 13 de noviembre de 2025 la apertura de un procedimiento formal para evaluar si Google está infringiendo la Ley de Mercados Digitales (DMA) al aplicar condiciones injustas o discriminatorias en sus resultados de búsqueda. En concreto, Bruselas investiga si el algoritmo de Google está degradando sistemáticamente los sitios web de medios de comunicación cuyos contenidos incluyen publicidad o enlaces con socios comerciales. El trabajo de supervisión de la Comisión encontró indicios de que, basándose en su llamada “política de abuso de reputación del sitio”, Google está identificando esos contenidos como spam y relegándolos en los listados de búsqueda. Según la Comisión, dicha política afecta una forma “común y legítima” en que los editores monetizan sus páginas web, y podría mermar la libertad de los editores para llevar a cabo negocios legales, innovar y cooperar con proveedores de contenido externos.
Esta acción se enmarca en el nuevo marco regulatorio europeo para plataformas digitales. El DMA, vigente desde 2023, clasifica al buscador de Google como un “servicio central” o gatekeeper, dada su posición hegemónica en las búsquedas en línea. Como tal, Google debe cumplir obligaciones de trato justo, transparente y no discriminatorio en el acceso a sitios de terceros. La vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, Mariya Gabriel, y la comisaria de Soberanía Digital, acompañadas de cargos como Henna Virkkunen, han subrayado que Alphabet debe garantizar condiciones justas de acceso para los medios, protegiendo así su financiación, independencia y el pluralismo informativo. En palabras de la Comisión, este caso pretende asegurar que los editores no sean restringidos injustamente por las políticas de Google.
La investigación europea ocurre en un contexto de sanciones previas a Google por abusos de mercado. Desde 2017 Google acumula multas antimonopolio que superan los 11.000 millones de euros en la UE. Entre ellas destacan 4.343 millones (por Android, 2018) y 2.950 millones de euros (por publicidad digital, septiembre 2025). Estas cifras récord evidencian la línea dura de Bruselas frente a prácticas anticompetitivas. En este caso concreto, al aplicarse la DMA, el plazo de investigación es breve: la Comisión deberá resolver en 12 meses. De probarse la infracción, la multa podría ascender hasta el 10% de la facturación mundial de Google (unos 35.000 millones de dólares en 2024) y al 20% en caso de reincidencia. Además, el DMA contempla remedios estructurales extra: la UE podría incluso ordenar la venta de activos o prohibir adquisiciones relacionadas con el incumplimiento sistémico.
Para los medios de comunicación, este caso tiene implicaciones cruciales sobre su visibilidad y modelo de negocio. Los grandes buscadores, y en particular Google, concentran la mayor parte del tráfico de referencia y de los ingresos publicitarios en línea. Diversos análisis indican que una proporción significativa de las visitas a los sitios de noticias proviene de Google (en algunos países supera el 25%), mientras que Google se queda con casi el 30% del mercado global de la publicidad digital. La CE advierte que las políticas investigadas pueden impedir a los medios realizar “actividades comerciales legítimas” y socavan el pluralismo informativo. La vicepresidenta Teresa Ribera recordó que la UE está “tomando medidas para asegurar que las plataformas digitales no restrinjan injustamente a las empresas que dependen de ellos”. En la práctica, si los buscadores penalizan contenidos patrocinados o enlaces de socios, los editores perderían visibilidad clave y parte de sus ingresos. Esa pérdida podría traducirse en recortes de redacciones o en un mayor sesgo hacia contenidos apoyados por los propios gigantes tecnológicos, reduciendo la diversidad y la calidad informativa.
Google, por su parte, ha rechazado las acusaciones. La compañía afirma que su política «antispam» busca mejorar la fiabilidad de los resultados de búsqueda contra manipulaciones. En un comunicado, Google advirtió que esta investigación es “errónea” y podría «perjudicar a millones de usuarios europeos», alegando que el objetivo es combatir prácticas de spam en lugar de censurar editores. Google también recordó que un tribunal alemán ya validó su política de reputación de sitios como “válida, razonable y aplicada de forma consistente”. Sin embargo, la Comisión considera que la cuestión es de interés público: más allá de la defensa técnica, está en juego la salvaguarda del ecosistema mediático frente al poder de los algoritmos comerciales.
Este caso refleja la creciente tensión entre los gigantes tecnológicos y el interés público en la circulación de la información. Con el DMA, la UE busca contener el poder de veto que ejercen los «gatekeepers» en los mercados digitales para proteger a empresas y ciudadanos. De confirmarse que Google ha degradado de forma discriminatoria el contenido de medios, la decisión europea sentaría un precedente notable: obligaría a revisar las prácticas de algoritmos de búsqueda y, en última instancia, podría reforzar la pluralidad informativa al garantizar condiciones más equitativas para los editores de noticias frente a las plataformas dominantes.