La Unión Europea presentó la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA) como una herramienta esencial para garantizar el pluralismo, la transparencia y la independencia en el ecosistema mediático de los Estados miembros. Su narrativa oficial insiste en que la norma responde a un deterioro progresivo del espacio informativo: concentración empresarial, presiones políticas, vigilancia ilícita a periodistas y un aumento de la desinformación. Sin embargo, desde que se anunció la propuesta, numerosas organizaciones especializadas en libertad de expresión, asociaciones de periodistas y analistas jurídicos han advertido que la EMFA, pese a sus objetivos bienintencionados, podría abrir nuevas vías de intervención institucional sobre los medios, generar una armonización excesiva y crear mecanismos de supervisión que, en la práctica, otorguen a Bruselas una influencia inédita sobre el sector.

Estas críticas no proceden de discursos alarmistas: provienen de entidades históricamente comprometidas con la defensa de la prensa, como la European Federation of Journalists (EFJ), ARTICLE 19, Civil Liberties Union for Europe, el European Data Protection Supervisor (EDPS) y varios reguladores nacionales. Todas coinciden en un punto: la frontera entre proteger el pluralismo y regularlo en exceso es extremadamente fina, y la EMFA podría situarse peligrosamente cerca de cruzarla.

La tensión entre pluralismo y libertad empresarial: una intervención que podría afectar a la autonomía editorial

La EMFA establece un marco para “promover el pluralismo informativo”, pero el modo en que pretende conseguirlo introduce obligaciones profundas que no están exentas de riesgo. Diversos expertos han subrayado que garantizar el pluralismo no debería confundirse con dirigirlo.

El argumento central de las críticas es que la pluralidad mediática es un resultado del libre mercado, la libertad editorial y la ausencia de coacción política; no un producto diseñado desde arriba. La EFJ expresó su preocupación por la posibilidad de que la EMFA impulse una “burocratización del pluralismo”, en la que los medios deban justificar decisiones editoriales, publicar información sobre su estructura interna o someterse a evaluaciones que, aunque no obliguen directamente, generen presiones indirectas. En mercados pequeños—como Malta, Eslovenia, Chipre o los países bálticos—esta presión puede ser mayor, ya que el tejido mediático es reducido y más vulnerable a la supervisión regulatoria.

Los críticos advierten que la EMFA corre el riesgo de alterar la relación entre Estado y prensa: lo que hoy se presenta como “transparencia”, mañana podría convertirse en un mecanismo para orientar, condicionar o vigilar la línea editorial de actores incómodos. La normativa también exige que los Estados miembros notifiquen a la Comisión Europea cualquier medida que pueda afectar al sector mediático. Esto, aunque se presenta como una salvaguarda, introduce una distancia adicional entre los medios y la soberanía regulatoria nacional, algo que muchos juristas consideran problemático.

El nuevo Consejo Europeo de Servicios de Medios: un órgano de supervisión de facto

Uno de los aspectos más conflictivos de la EMFA es la creación del European Board for Media Services (Consejo Europeo de Servicios de Medios). Oficialmente, no es un organismo de control, sino de coordinación entre reguladores nacionales. En la práctica, sin embargo, las funciones que se le asignan lo convierten en un órgano con capacidad de influencia directa sobre el sector.

El Consejo podrá emitir dictámenes, evaluar riesgos para el pluralismo, analizar decisiones regulatorias de los Estados y actuar como interlocutor privilegiado con la Comisión Europea. Esto ha generado preocupación en entidades como ARTICLE 19, que alerta de que el Consejo, en lugar de reforzar la independencia editorial, podría favorecer una estructura jerárquica donde Bruselas establece criterios que, si bien no son jurídicamente vinculantes, terminan operando como estándares obligatorios por presión política o financiera.

Además, el Consejo se apoyará fuertemente en la Comisión en la elaboración de directrices e informes. Esta dependencia ha sido utilizada por los críticos para señalar un riesgo evidente: la Comisión, un órgano eminentemente político, tendrá una puerta abierta para influir en la gobernanza de los medios europeos. La alegación de “coordinación” no convence a quienes ven en esta arquitectura la posibilidad de una supervisión supranacional que nunca antes existió en la UE.

Transparencia de propiedad y financiación: un arma de doble filo

La EMFA impone a los medios obligaciones de transparencia respecto a su propiedad, financiación y estructura editorial. En teoría, estas medidas buscan evitar la captación opaca por parte de grupos empresariales o gobiernos hostiles al pluralismo. Pero en la práctica, tanto periodistas como ONGs han advertido que estas exigencias pueden generar riesgos significativos.

Para empezar, la publicación detallada de la estructura interna de un medio puede exponer a propietarios, editores y periodistas a presiones externas, campañas de intimidación o represalias políticas. En países con problemas de Estado de derecho—como Hungría, Eslovaquia o Polonia—estas obligaciones podrían facilitar que gobiernos hostiles identifiquen y presionen a voces críticas.

ARTICLE 19 ha señalado que la transparencia obligatoria “no debe convertirse en una herramienta de vigilancia institucionalizada”. El EDPS añadió en su análisis que la norma podría entrar en conflicto con principios europeos de privacidad, especialmente si obliga a revelar datos personales o estratégicos que no son estrictamente necesarios para el interés público.

Lo que se presenta como transparencia puede fácilmente degenerar en exposición indebida, sobre todo en entornos donde el poder político busca subordinar a la prensa.

La intervención en plataformas digitales: hacia un modelo de moderación asistida por el Estado

Uno de los elementos más controvertidos de la EMFA es el tratamiento diferenciado que introduce para los medios en plataformas como Facebook, YouTube o X. La ley aspira a que estas plataformas no eliminen o limiten contenidos de medios reconocidos sin un proceso transparente y justificado. Aunque esto podría interpretarse como una defensa frente a la censura algorítmica, también abre la puerta a consecuencias negativas.

Los críticos alertan de que la EMFA permitirá a las plataformas etiquetar, priorizar o limitar la visibilidad de contenidos que no cumplan ciertos estándares formales o regulatorios. Esto puede derivar en un sistema de shadow banning institucionalizado, donde los medios que no se ajusten a los criterios oficiales—por ejemplo, medios alternativos, críticos o pequeños—vean reducida su visibilidad sin que exista censura explícita.

ARTICLE 19 y la EFJ han advertido que la EMFA refuerza la relación entre plataformas y reguladores, creando un circuito cerrado donde se define qué medios deben ser protegidos y bajo qué condiciones. Esta arquitectura podría consolidar a los grandes grupos mediáticos, en detrimento de proyectos independientes que no encajan en los parámetros establecidos.

Protección insuficiente frente a la vigilancia estatal: excepciones peligrosamente amplias

Aunque uno de los objetivos más celebrados de la EMFA es la prohibición del uso de spyware contra periodistas, la realidad es menos optimista. La ley establece una serie de excepciones en las que la vigilancia sigue siendo permitida, como casos de “seguridad nacional”, “terrorismo” o “amenazas graves al orden público”. Estas excepciones han sido duramente criticadas por organizaciones como Civil Liberties Union for Europe, que subrayan que conceptos como “seguridad nacional” son interpretables y, en manos de gobiernos autoritarios, pueden justificar prácticamente cualquier intervención.

El EDPS ha reiterado que la EMFA debería haber cerrado completamente la puerta al uso del spyware Pegasus y similares, pero el texto definitivo deja suficientes lagunas como para que los Estados puedan seguir utilizándolo con amparo jurídico. De hecho, en países donde ya se han producido abusos —Hungría, Grecia, España o Polonia— los críticos temen que la EMFA no solo no proteja a los periodistas, sino que permita a los gobiernos argumentar que su vigilancia está dentro del marco legal europeo.

El riesgo de una armonización excesiva del ecosistema mediático europeo

Europa es un mosaico mediático heterogéneo: sistemas públicos fuertes en el norte, medios privados dominantes en el sur, modelos mixtos en el centro y mercados diminutos en el este. Imponer un marco común para todos estos sistemas es, para muchos juristas, un riesgo evidente.

La EMFA pretende garantizar estándares mínimos, pero la línea entre estándar y uniformización es fina. Si los procesos regulatorios nacionales deben alinearse con los criterios del nuevo Consejo Europeo, la capacidad de cada país para gestionar su propio ecosistema se verá reducida. Esto puede afectar especialmente a medios públicos y locales, que funcionan según tradiciones y necesidades muy específicas.

ARTICLE 19 ha explicado que la armonización “no debe implicar una centralización de facto de la gobernanza mediática”. Sin embargo, la combinación de obligaciones de notificación a la Comisión, evaluaciones europeas del pluralismo y supervisión del nuevo Consejo deja poco margen para considerar la EMFA como una mera guía o recomendación. En la práctica, puede convertirse en un marco centralizado que define desde Bruselas qué modelo de medios es aceptable y cuál no.

Una ley con buenas intenciones y riesgos estructurales significativos

La EMFA nace con un discurso seductor: proteger a los periodistas, reforzar el pluralismo y blindar la independencia editorial. Pero su arquitectura normativa, al combinar transparencia obligatoria, supervisión centralizada, intervención en plataformas digitales y excepciones amplias a la prohibición de vigilancia, genera más preocupación que confianza en una parte importante de la comunidad de expertos.

El riesgo no está en lo que la ley dice explícitamente, sino en lo que permite implícitamente. El nuevo ecosistema regulatorio puede convertirse en un arma de doble filo: una herramienta para defender la libertad de prensa o una palanca para intervenir en ella. La diferencia dependerá de cómo se implemente, quién la controle y qué gobiernos ostenten el poder en el futuro.

El desafío para Europa no es diseñar un pluralismo regulado desde las instituciones, sino garantizar un entorno donde los medios puedan operar sin presiones, sin tutelas y sin depender de interpretaciones políticas de lo que debe ser la “libertad mediática”. La EMFA, tal y como está planteada, avanza en ambos sentidos a la vez: ofrece protecciones, pero también abre puertas que exigen vigilancia crítica permanente.