La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea han presentado la versión 2.0 de EIOS (Epidemic Intelligence from Open Sources), un sistema que procesa grandes volúmenes de información pública para detectar amenazas sanitarias. La herramienta incorpora inteligencia artificial y capacidad de análisis de redes sociales, blogs y medios digitales, pero su despliegue también ha generado debates sobre privacidad, transparencia y control de la información.
EIOS es un sistema de inteligencia de salud pública basado en fuentes abiertas, diseñado para recopilar, procesar y analizar información procedente de medios digitales, redes sociales, blogs y sitios web, con el objetivo de identificar de forma temprana posibles amenazas sanitarias. La versión 2.0, lanzada en octubre de 2025, incorpora herramientas de inteligencia artificial, procesamiento masivo de datos, soporte multilingüe y nuevas fuentes de información, como transcripciones de radio y medios locales.
La plataforma utiliza algoritmos de minería de texto, procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de entidades y aprendizaje automático para categorizar publicaciones por tema, país, idioma y fuente, facilitando a analistas de salud pública la identificación de eventos relevantes.
La amplia cobertura del sistema ha generado debates críticos. Aunque su objetivo declarado es la detección de amenazas sanitarias, el rastreo de redes sociales y medios digitales implica la monitorización de narrativas públicas, lo que abre interrogantes sobre privacidad, sesgos, transparencia y control de la información. El JRC ha explorado módulos de clasificación de desinformación y evaluación de credibilidad, aunque los criterios exactos y la metodología completa no están disponibles públicamente.
Los críticos destacan que, pese a la mejora tecnológica, la sensibilidad del sistema sigue siendo limitada, lo que indica que EIOS no es infalible y requiere supervisión humana para confirmar la relevancia de los eventos. Además, la falta de acceso público completo a los algoritmos, criterios de filtrado y métricas de desempeño dificulta la auditoría independiente y plantea desafíos éticos sobre el equilibrio entre vigilancia de la salud pública y derechos individuales.