La pandemia está alimentando la represión digital en todo el mundo.
La pandemia de coronavirus está acelerando un drástico declive de la libertad global en internet. Por décimo año consecutivo, los usuarios han experimentado un deterioro generalizado de sus derechos, y este fenómeno está contribuyendo a una crisis más amplia de la democracia a nivel mundial.
En la era de la COVID-19, la conectividad no es una comodidad, sino una necesidad. Prácticamente todas las actividades humanas —comercio, educación, salud, política, socialización— parecen haberse trasladado a internet. Sin embargo, el mundo digital presenta desafíos específicos para los derechos humanos y la gobernanza democrática. En muchos países, actores estatales y no estatales están aprovechando las oportunidades generadas por la pandemia para moldear las narrativas en línea, censurar el discurso crítico y construir nuevos sistemas tecnológicos de control social.
Tres tendencias notables marcaron un año especialmente desalentador para la libertad en internet. En primer lugar, los líderes políticos utilizaron la pandemia como pretexto para limitar el acceso a la información. Las autoridades bloquearon con frecuencia sitios de noticias independientes y arrestaron a personas bajo cargos falsos de difundir noticias falsas. En muchos lugares, fueron funcionarios estatales y sus fervientes partidarios quienes difundieron información falsa y engañosa con el objetivo de ocultar contenido veraz, distraer al público de respuestas políticas ineficaces y convertir en chivos expiatorios a ciertas comunidades étnicas y religiosas. Algunos estados cortaron la conectividad a grupos marginados, ampliando y profundizando las brechas digitales existentes. En resumen, los gobiernos de todo el mundo incumplieron su obligación de promover una esfera pública en línea dinámica y confiable.
En segundo lugar, las autoridades citaron la COVID-19 para justificar la ampliación de los poderes de vigilancia y el despliegue de nuevas tecnologías que antes se consideraban demasiado intrusivas. La crisis de salud pública ha propiciado la digitalización, la recopilación y el análisis de los datos más íntimos de las personas sin la protección adecuada contra los abusos. Gobiernos y entidades privadas están intensificando el uso de la inteligencia artificial (IA), la vigilancia biométrica y las herramientas de big data para tomar decisiones que afectan los derechos económicos, sociales y políticos de las personas. Fundamentalmente, los procesos involucrados a menudo han carecido de transparencia, supervisión independiente y vías de reparación. Estas prácticas plantean la perspectiva de un futuro distópico en el que las empresas privadas, las agencias de seguridad y los ciberdelincuentes disfrutan de fácil acceso no solo a información sensible sobre los lugares que visitamos y los artículos que compramos, sino también a nuestros historiales médicos, patrones faciales y de voz, e incluso a nuestros códigos genéticos.
La tercera tendencia ha sido la transformación de una fragmentación lenta de internet en una carrera desenfrenada hacia la cibersoberanía, en la que cada gobierno impone sus propias regulaciones de internet, restringiendo así el flujo de información transfronterizo. Durante la mayor parte del período transcurrido desde la creación de internet, las empresas, la sociedad civil y los actores gubernamentales han participado en un proceso consensuado para armonizar protocolos técnicos, estándares de seguridad y regulación comercial en todo el mundo. Este enfoque permitió conectar a miles de millones de personas a una red global de información y servicios, con inconmensurables beneficios para el desarrollo humano, incluyendo nuevas formas de exigir responsabilidades a los actores poderosos.
Este artículo fue publicado originariamente por https://freedomhouse.org/.Lea el original.